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Prof. Carlos Villarraga Montes, Cartagena (2026)

29/04/2026

La legítima defensa se erige como una de las causas de ausencia de responsabilidad penal más relevantes dentro del ordenamiento jurídico (específicamente en el numeral 6 del artículo 32 del Código Penal colombiano). Su naturaleza jurídica es la de una causal de justificación, lo que significa que, aunque la conducta desplegada por el sujeto encaja formalmente en un tipo penal (como las lesiones o el homicidio), el derecho la considera lícita porque se actúa en defensa de un interés superior frente a un ataque injusto. Esta figura no es una licencia para la venganza privada, sino el reconocimiento de que el Estado no siempre puede estar presente para proteger los bienes jurídicos de los ciudadanos en el momento preciso de un peligro, permitiendo así una respuesta individual bajo parámetros estrictos de legalidad y necesidad.

Para que esta eximente tenga validez en un proceso judicial, es imperativo demostrar la existencia de una agresión ilegítima, la cual debe ser entendida como una acción humana antijurídica e intencional que ponga en riesgo real bienes jurídicos fundamentales (tales como la vida, la integridad física, la libertad o el patrimonio económico). No basta con un temor subjetivo o una percepción de peligro; la agresión debe ser actual o inminente. Esto implica que el ataque ya debe haberse iniciado o que existan señales inequívocas de que comenzará de inmediato, permitiendo todavía una oportunidad de protección. Si la agresión ya ha cesado o si es un evento futuro e incierto, la respuesta ya no se ampara bajo la legítima defensa, sino que podría derivar en una conducta punible autónoma.

La respuesta del agredido debe estar marcada por la necesidad y la proporcionalidad. La necesidad de la defensa supone que, dadas las circunstancias externas y personales, el sujeto no tenía otra opción razonable y menos lesiva para impedir que el ataque injusto se materializara. Por su parte, la proporcionalidad exige un equilibrio valorativo entre la entidad de la agresión y la medida de la reacción. Este balance no se mide mediante una igualdad matemática de medios (como arma contra arma), sino a través de una ponderación de los bienes jurídicos en juego y la efectividad de la respuesta en ese contexto específico. El juez debe evaluar si la intensidad del medio empleado fue la estrictamente requerida para neutralizar el peligro, evitando caer en un ejercicio de fuerza desmedida que supere la finalidad protectora de la norma.

Finalmente, el ordenamiento exige que la agresión no haya sido intencional y suficientemente provocada por quien se defiende. Este requisito busca evitar que un ciudadano genere deliberadamente un conflicto para luego invocar la legítima defensa como un escudo de impunidad. Si la provocación del supuesto defensor es de tal magnitud que constituye en sí misma una agresión ilegítima, se pierde el derecho a reaccionar bajo esta causal, pues la situación de peligro fue autoprovocada. En conclusión, la legítima defensa armoniza el derecho individual a la preservación con la prohibición general del ejercicio de la violencia, exigiendo siempre que la razón y la medida prevalezcan incluso en los momentos de mayor apremio personal.

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28/04/2026

Caso Lili pink: conceptos jurídicos

28/04/2026

¿Cuál es el derecho al parto humano?

28/04/2026

En el sistema penal de tendencia acusatoria rige el principio de inmediación, el cual exige que la prueba se practique directamente ante el juez de conocimiento. Por esta razón, las declaraciones realizadas antes del juicio oral (como entrevistas, interrogatorios o declaraciones juradas en la fase de investigación) se consideran simples actos preparatorios y no constituyen prueba por sí mismas. La regla general dicta que solo aquello que se declara en la audiencia pública, bajo los principios de oralidad y contradicción, puede ser valorado para fundar una sentencia. Sin embargo, este rigor procesal admite excepciones técnicas cuando el uso de estas narrativas previas resulta indispensable para la búsqueda de la verdad o para garantizar el derecho de defensa.

La Sala de Casación Penal ha trazado una línea divisoria clara entre dos formas de utilizar estas declaraciones anteriores. La primera de ellas ocurre cuando se emplean para facilitar el interrogatorio cruzado, ya sea para refrescar la memoria del testigo (artículo 392) o para impugnar su credibilidad (artículo 403). En este supuesto, la declaración previa no entra al proceso como un medio de prueba autónomo, sino como un instrumento para medir la fiabilidad de lo que el testigo está diciendo en ese preciso momento. La segunda categoría, en cambio, sí permite que la declaración previa sea incorporada como prueba sustantiva (bajo las figuras de prueba anticipada, prueba de referencia o declaraciones anteriores inconsistentes). Es un error técnico frecuente equiparar ambos usos, pues sus requisitos de admisibilidad y su valor suasorio son radicalmente distintos.

Para que una parte pueda impugnar la credibilidad de un testigo utilizando un relato previo, debe cumplir con un procedimiento conocido en la práctica forense como (sentar las bases). Este ejercicio busca demostrar que el testigo ha incurrido en contradicciones u omisiones trascendentales que afectan la verosimilitud de su testimonio actual. El protocolo exige mostrar la existencia de la discrepancia, otorgar al declarante la oportunidad de aceptarla o explicarla y, en caso de persistir la contradicción, proceder a la lectura del apartado específico de la declaración anterior. Es fundamental entender que en este escenario se incorpora únicamente la lectura del fragmento y no el documento físico, evitando así que ingresen al juicio narraciones que no han cumplido con las exigencias de la prueba de referencia o de permanencia de la prueba.

Un escenario más complejo surge cuando el testigo se retracta o cambia sustancialmente su versión original en el estrado. En estos casos, la jurisprudencia ha admitido la incorporación de la declaración anterior como prueba (denominada técnicamente como testimonio adjunto), siempre que se cumplan requisitos estrictos de validez. El presupuesto más relevante es la disponibilidad del testigo para ser contrainterrogado sobre ambas versiones. Si el declarante no puede ser confrontado sobre lo que dijo antes y lo que sostiene ahora, la pieza procesal quedaría sujeta a las limitaciones mucho más severas de la prueba de referencia. De cumplirse los pasos de lectura y solicitud de la parte respectiva, el juez contará con dos relatos contradictorios, lo que le permitirá realizar un ejercicio de valoración cualitativa para determinar cuál de las dos versiones resulta más creíble a la luz de las reglas de la sana crítica.

Esta distinción técnica protege el corazón del proceso penal: el derecho a la confrontación. Al impedir que las entrevistas de la fiscalía o los informes de policía se conviertan automáticamente en pruebas de cargo, se garantiza que la responsabilidad penal se decida sobre lo que puede ser cuestionado y debatido en público. Las excepciones mencionadas no son una puerta abierta a la arbitrariedad, sino válvulas de seguridad que permiten al juez enfrentar la mendacidad o el olvido, asegurando que la sentencia no se base en una verdad de papel, sino en una convicción racional derivada del debate contradictorio. Así, el manejo de las declaraciones previas se convierte en una de las herramientas más poderosas para los litigantes en la construcción de su teoría del caso.

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26/04/2026

T-058 de 2026: El derecho al parto humanizado. La violencia obstétrica no solo ocurre cuando se impone una intervención innecesaria, sino también cuando se establecen barreras arbitrarias que impiden a la mujer elegir su forma de parto.

La violencia obstétrica se refiere a todas las formas de abuso, maltrato y falta de respeto que sufren las mujeres y personas gestantes en contextos médicos durante la atención de sus procesos reproductivos (gestación, parto y posparto). A diferencia de otras agresiones, esta modalidad de violencia suele estar invisibilizada por modelos de atención tecnocráticos e industrializados que conciben a la mujer como un objeto de intervención y no como un sujeto de derechos. En estas dinámicas, se instala una relación jerárquica donde el personal médico ostenta el poder del conocimiento acreditado, mientras que la mujer queda subordinada, perdiendo su rol activo y su autonomía sobre su propio cuerpo y proceso de salud.

La violencia contra las mujeres es un fenómeno estructural que hunde sus raíces en prejuicios y estereotipos de género consolidados a lo largo de la historia. Esta problemática no se limita a actos aislados, sino que responde a relaciones desiguales de poder que someten a la mujer a un trato discriminatorio y perpetúan prácticas violentas en su contra. A nivel internacional, instrumentos como la Convención de Belém do Pará definen esta violencia como cualquier conducta basada en el género que cause muerte, daño o sufrimiento (ya sea físico, sexual o psicológico) tanto en el ámbito público como en el privado. Este marco jurídico reconoce que el derecho a una vida libre de violencias es indisociable del derecho a ser valorada y educada sin patrones estereotipados de comportamiento que sugieran inferioridad o subordinación.

En el contexto colombiano, la jurisprudencia constitucional ha vinculado este derecho con pilares fundamentales de la Carta Política, tales como la dignidad humana, la integridad personal, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad (artículos 1, 5, 13, 16 y 43, entre otros). Para materializar estas garantías, el Estado ha promulgado leyes esenciales como la Ley 1257 de 2008 y la Ley 1761 de 2015 (conocida como Ley Rosa Elvira Cely), orientadas a prevenir y sancionar las agresiones. Sin embargo, más allá de las violencias físicas o domésticas que la sociedad rechaza de forma casi unánime, persisten escenarios de penumbra donde el maltrato se encuentra normalizado y se percibe como un componente natural de ciertos procesos vitales. Es aquí donde cobra relevancia el concepto de violencia obstétrica.

La violencia obstétrica se refiere a todas las formas de abuso, maltrato y falta de respeto que sufren las mujeres y personas gestantes en contextos médicos durante la atención de sus procesos reproductivos (gestación, parto y posparto). A diferencia de otras agresiones, esta modalidad de violencia suele estar invisibilizada por modelos de atención tecnocráticos e industrializados que conciben a la mujer como un objeto de intervención y no como un sujeto de derechos. En estas dinámicas, se instala una relación jerárquica donde el personal médico ostenta el poder del conocimiento acreditado, mientras que la mujer queda subordinada, perdiendo su rol activo y su autonomía sobre su propio cuerpo y proceso de salud.

Entre las manifestaciones más graves documentadas por organismos internacionales (como la Relatoría Especial de las Naciones Unidas), se encuentran el uso excesivo de cesáreas sin necesidad médica, el abuso de oxitocina para acelerar el parto por conveniencia institucional y la práctica de la maniobra Kristeller (presión física sobre el vientre para expulsar al feto). Asimismo, se reportan transgresiones profundas a la integridad y dignidad, como la realización de exámenes ginecológicos por personal sin experiencia, la presencia de terceros sin consentimiento y la aplicación de suturas adicionales tras una episiotomía con fines ajenos a la salud de la madre (práctica conocida como los puntos del marido). A esto se suman expresiones humillantes, reproches sexistas y la responsabilización de la mujer por cualquier resultado adverso en el feto.

La Corte Constitucional de Colombia (en sentencias como la T-357 de 2021 y la T-576 de 2023) ha reconocido que estas prácticas no son circunstancias naturales del parto, sino violaciones a los derechos sexuales y reproductivos. Estos derechos protegen la facultad de decidir de forma libre e informada sobre la sexualidad y la reproducción, sin interferencias ni coacción. Por lo tanto, la violencia obstétrica no solo ocurre cuando se impone una intervención innecesaria, sino también cuando se establecen barreras arbitrarias que impiden a la mujer elegir su forma de parto. La autonomía y la autodeterminación dependen directamente del acceso a información clara y suficiente, lo que permite que el consentimiento informado sea el eje rector de la atención médica.

Como una respuesta normativa a estas problemáticas, la Ley 2244 de 2022 (Ley de parto digno, respetado y humanizado) busca transformar el modelo de atención en Colombia. Esta ley consagra el derecho de las mujeres a ser tratadas con respeto, a que se garantice su intimidad y a participar activamente en todas las fases de su proceso reproductivo. Un instrumento central de esta ley es el plan de parto, un documento donde la mujer comunica sus preferencias y expectativas. No obstante, la jurisprudencia reciente (Sentencia T-135 de 2025) ha aclarado que este plan no es un formalismo burocrático ni una condición obligatoria; su ausencia o modificación no exime al personal de salud de su deber de informar y obtener el consentimiento para cada procedimiento.

En definitiva, el derecho al parto humanizado es una extensión necesaria de los derechos reproductivos y un muro de contención contra la violencia de género en el sistema de salud. Reconocer que la mujer es la protagonista de su parto implica desmontar los prejuicios y tabúes que han justificado históricamente el maltrato bajo el velo de la necesidad clínica. La protección de la dignidad humana en estos momentos de especial vulnerabilidad no es solo una obligación legal, sino un paso fundamental hacia una sociedad que valore la autonomía femenina y garantice que el nacimiento de una vida no esté marcado por la sombra del sufrimiento evitable.

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26/04/2026

¿Sabes qué es el parto humanizado? La protección contra la violencia de género en Colombia ha evolucionado desde el reconocimiento de su carácter estructural hasta la identificación de modalidades invisibilizadas como la violencia obstétrica, la cual vulnera la dignidad y la autonomía de las mujeres durante sus procesos reproductivos al tratarlas como objetos de intervención médica y no como sujetos de derechos. A través de hitos normativos como la Ley 2244 de 2022 y una sólida línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, el ordenamiento jurídico exige hoy un modelo de parto humanizado donde el consentimiento informado y el respeto a la intimidad sean los ejes rectores de la atención. En última instancia, garantizar un nacimiento libre de maltratos y abusos no solo protege los derechos sexuales y reproductivos, sino que constituye un paso esencial para desmontar los prejuicios históricos que han justificado la subordinación femenina incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad.

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26/04/2026

De acuerdo con el análisis de Rodrigo Uprimny, la sentencia C-073/26 de la Corte Constitucional es una decisión trascendental que corrige una desviación procesal en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y protege la seguridad jurídica de miles de desmovilizados por lo siguiente:

1. El principio de selección como eje del Acuerdo: Debido a la imposibilidad de juzgar a todos los victimarios en un conflicto de décadas, el Acuerdo de Paz estableció que la JEP solo debe procesar a los máximos responsables de los crímenes más representativos. Para el resto de los combatientes, se diseñó la "renuncia condicionada a la acción penal", un mecanismo que les permite reincorporarse a la vida civil sin ir a juicio, siempre que aporten verdad, reparación y no reincidan.

2. La falla de la "selección de segundo orden": El problema surgió cuando la JEP, mediante su propia jurisprudencia, otorgó a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) la facultad de realizar una "selección de segundo orden". Esto permitía que personas no identificadas inicialmente como máximos responsables por la Sala de Reconocimiento pudieran ser enviadas a juicio tras una investigación caso por caso, variando así el diseño original de la justicia transicional.

3. Impacto en la seguridad jurídica y el cumplimiento de la JEP: esta regla jurisprudencial generó una incertidumbre peligrosa para miles de comparecientes, quienes, al no ver resuelta su situación, se volvían vulnerables a ofertas de grupos armados para reincidir. Además, advierte que investigar caso por caso haría imposible que la JEP cumpliera sus metas en los plazos establecidos.

4. Acierto de la Corte Constitucional: Al declarar inconstitucional esta "selección de segundo orden", la Corte recupera la lógica del Acuerdo de Paz, esto no busca una justicia perfecta (la cual es inalcanzable en procesos de transición), sino una justicia posible que asegure que quienes dejaron las armas permanezcan fuera del conflicto y que la JEP se concentre en los casos de mayor impacto nacional.

Referencias:
- Uprimny, R. (2026, abril 26). La Corte, la JEP y los límites de la justicia transicional. El Espectador.

25/04/2026

¿Sabías que en derecho penal es posible la condena con un solo testigo?

25/04/2026

SP194-2026: La imprescriptibilidad de los delitos cede una vez ocurre la vinculación formal del imputado al proceso.

Los delitos de lesa humanidad se caracterizan por una gravedad que trasciende las fronteras nacionales, afectando la conciencia colectiva de la humanidad. Según el artículo 7 del Estatuto de Roma (incorporado a la legislación colombiana mediante la Ley 742 de 2002), esta categoría incluye conductas atroces como el as*****to, el exterminio, la esclavitud, la tortura y diversas formas de violencia sexual (incluyendo el embarazo y la esterilización forzados), así como la desaparición forzada y el apartheid. No obstante, la calificación de un acto como de lesa humanidad no depende únicamente de la naturaleza del hecho, sino de su inserción en un contexto específico (un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil y de conformidad con la política de un Estado o de una organización). Esta estructura implica una planificación metódica que diferencia a estos crímenes de los delitos comunes, exigiendo que cualquier conducta que no cumpla con estos rigurosos parámetros sea tratada bajo el régimen penal ordinario, sin importar la severidad del daño causado.

En el ámbito interno, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha mantenido una postura estricta al exigir la verificación de los criterios del Estatuto de Roma para elevar una conducta a este rango. Esta precisión es especialmente relevante en los delitos contra la libertad sexual, donde la Ley 1719 de 2014 armonizó los estándares internacionales con el derecho nacional. Bajo este marco, la violencia sexual se considera un crimen de lesa humanidad solo cuando se utiliza como un instrumento de terror, un medio para el genocidio, una práctica de esclavitud sexual o una forma de tortura dentro de un ataque sistemático. En escenarios que no reúnan estos elementos contextuales, la justicia debe aplicar los parámetros de los delitos comunes (aunque siempre integrando una perspectiva de género y garantizando una protección reforzada a las víctimas), evitando así una expansión desmedida de una categoría jurídica reservada para las ofensas más sistemáticas contra la dignidad humana.

Por otra parte, la prescripción de la acción penal actúa como un límite temporal a la potestad punitiva del Estado, fundamentado en la necesidad de seguridad jurídica. El régimen general (establecido en el artículo 83 de la Ley 599 de 2000) determina que el tiempo para perseguir un delito es igual al máximo de la pena fijada, con un rango que oscila entre los cinco y los veinte años para los procesos bajo la Ley 906 de 2004. Sin embargo, el legislador ha creado excepciones notables para conductas de extrema gravedad donde el paso del tiempo no debería extinguir la responsabilidad. Entre estas excepciones se encuentran el genocidio, los crímenes de guerra y, de manera más reciente y significativa, los delitos contra la vida, integridad y formación sexuales de menores de edad, los cuales han sido declarados imprescriptibles por las Leyes 2081 y 2098 de 2021.

A pesar de la declaración de imprescriptibilidad para los delitos sexuales contra menores, la Corte ha aclarado que esta regla no permite una persecución indefinida que vulnere los derechos del procesado. El poder punitivo debe encontrar un equilibrio con el principio de seguridad jurídica; por tanto, la imprescriptibilidad cede una vez ocurre la vinculación formal del imputado al proceso (momento a partir del cual empiezan a correr los términos procesales ordinarios). Esta interpretación protege el derecho a recibir un juicio en un tiempo razonable, a la vez que asegura que la sociedad y las víctimas puedan alcanzar la verdad y la reparación. Mantener la potestad del Estado abierta de forma perpetua tras la imputación resultaría contrario al debido proceso, pues tanto el investigado como la administración de justicia requieren de hitos temporales claros para definir la responsabilidad penal.

Finalmente, la aplicación de estas normas de imprescriptibilidad se encuentra supeditada al principio de favorabilidad, un pilar del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. Este principio actúa como la única excepción a la irretroactividad de la ley, exigiendo que en casos de tránsito legislativo se aplique la norma que resulte menos restrictiva para el individuo, incluso si es posterior al hecho. En materia penal, la favorabilidad abarca tanto las normas sustantivas como aquellas procesales con efectos sustanciales (como las que regulan la prescripción). Esto significa que si un delito sexual contra un menor fue cometido antes de la vigencia de las leyes que eliminaron la prescripción, el juzgador debe evaluar cuidadosamente cuál régimen normativo ofrece mayores garantías al procesado, asegurando que la búsqueda de justicia no desmantele las estructuras básicas de legalidad que rigen el Estado de Derecho.

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24/04/2026

SP196-2026: Testigo con discapacidad sensorial. La parte que pretende hacer valer el testimonio de una persona con discapacidad sensorial asume cargas procesales adicionales durante el interrogatorio cruzado. Más allá de las reglas generales de técnica previstas en la ley, los abogados deben procurar formular preguntas simples, breves y concisas, evitando conceptos abstractos o estructuras compuestas que dificulten la traducción y la posterior respuesta. Para profundizar en aspectos de interés sin saturar el canal de comunicación, el sistema ofrece herramientas complementarias como el uso de evidencia demostrativa o la exhibición de documentos y objetos. Estos apoyos permiten que el testigo comunique lo que le consta de manera más eficiente, reduciendo el margen de error en la transmisión de la información fáctica hacia el juzgador.

La prueba testimonial, concebida como un puente hacia el conocimiento de la verdad en el juicio penal, exige que el juzgador analice factores críticos como la percepción, la memoria y las circunstancias de tiempo, modo y lugar (conforme al artículo 404 de la Ley 906 de 2004). Sin embargo, este ejercicio analítico presupone un requisito mínimo e indispensable: que el testigo sea capaz de transmitir información mediante un código lingüístico idóneo y reconocido institucionalmente. Si no existe una estructura dialógica que permita el intercambio de datos, el razonamiento probatorio se vuelve imposible, pues el juez carecería de los insumos sustanciales para valorar el mérito de la declaración. Por ello, el sistema procesal establece salvaguardas para que el acto comunicacional sea comprensible tanto para el funcionario judicial como para las partes e intervinientes.

Aunque el castellano es el idioma oficial de las actuaciones judiciales en Colombia (según el artículo 144 de la Ley 906 de 2004), el ordenamiento reconoce que la pluralidad y la inclusión son pilares fundamentales de la democracia. En consecuencia, tanto víctimas como procesados y testigos tienen el derecho fundamental a ser asistidos por traductores o intérpretes cuando no puedan percibir el idioma por los sentidos o expresarse oralmente. Específicamente, el artículo 400 regula la intervención de un intérprete oficial para testigos con discapacidad auditiva y del habla, permitiendo incluso que el declarante sea acompañado por un intérprete de su confianza. Esta medida no solo garantiza el acceso real a la administración de justicia, sino que facilita el cumplimiento del deber constitucional de colaborar con las autoridades jurisdiccionales.

Un aspecto técnico esencial en la práctica de estos testimonios radica en la idoneidad del intérprete, especialmente cuando se trata de personas calificadas como semilingües (aquellas que no dominan por completo una lengua oral ni la lengua de señas convencional). En estos escenarios, no basta con que el auxiliar tenga conocimientos generales sobre la Lengua de Señas Colombiana; es imperativo que esté facultado para comprender razonablemente el universo gestual y fonético específico del declarante. Esto demanda, en muchas ocasiones, una interacción previa entre el auxiliar y el testigo que permita al intérprete introyectar el código empírico del deponente. Sin esta familiarización técnica, aumenta significativamente el riesgo de que el intérprete rellene vacíos o tergiverse el relato, incurriendo en suposiciones que desvirtúan la esencia de la prueba.

La parte que pretende hacer valer el testimonio de una persona con discapacidad sensorial asume cargas procesales adicionales durante el interrogatorio cruzado. Más allá de las reglas generales de técnica previstas en la ley, los abogados deben procurar formular preguntas simples, breves y concisas, evitando conceptos abstractos o estructuras compuestas que dificulten la traducción y la posterior respuesta. Para profundizar en aspectos de interés sin saturar el canal de comunicación, el sistema ofrece herramientas complementarias como el uso de evidencia demostrativa o la exhibición de documentos y objetos. Estos apoyos permiten que el testigo comunique lo que le consta de manera más eficiente, reduciendo el margen de error en la transmisión de la información fáctica hacia el juzgador.

Finalmente, al momento de valorar el testimonio de una persona con discapacidad auditiva y del habla, el funcionario judicial debe alejarse de los estándares tradicionales de precisión cronológica y fluidez narrativa. No resulta admisible desestimar una declaración simplemente por presentar imprecisiones, ambigüedades o contradicciones formales, puesto que la elaboración de un relato perfectamente coherente y circunstanciado es una exigencia desproporcionada para quien no domina plenamente un código lingüístico. Una valoración adecuada debe centrarse en contrastar el núcleo esencial del relato con el resto de las pruebas practicadas en el juicio. De este modo, la veracidad se establece mediante la corroboración externa y no a través de una tarifa valorativa que castigue las limitaciones comunicativas del testigo, asegurando un fallo respetuoso de la diversidad y de la verdad material.

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29/04/2026

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