13/11/2025
Por Marcela Afanador L. Abogados
De una mujer, madre y abogada de familia.
Usted, Armando Benedetti representa ese rezago machista que nuestra democracia aún combate: el hombre que usa la palabra como arma de denigración, creyendo que la humillación es una forma de poder. Pero en el siglo XXI —y no en el XIX que parece habitar— el Estado y el Derecho ya no son cómplices del ultraje verbal ni del desprecio hacia las mujeres.
Cuando usted agrede públicamente a una Magistrada de la República - Cristina Eugenia Lombana Velásquez - con calificativos que buscan desacreditar su imagen y autoridad, no solo la insulta a ella: vulnera los derechos fundamentales de todas las mujeres a una vida libre de violencia, reconocidos por la Constitución Política en sus artículos 13, 40 y 43, que consagran la igualdad real y efectiva y la prohibición de cualquier forma de discriminación o violencia basada en el género.
Además, su conducta desconoce compromisos internacionales asumidos por Colombia, particularmente la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, que obligan al Estado a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, incluso en el discurso público.
La Corte Constitucional, en sentencias como la T-301 de 2016 y la T-141 de 2021, ha recordado que la violencia simbólica o psicológica también constituye una forma de agresión, especialmente grave cuando proviene de figuras públicas con poder de influencia.
Desde el punto de vista penal, sus expresiones podrían tipificarse como violencia agravada contra servidor público (artículos 111 y 112 del Código Penal), cuando el agresor busca causar daño moral y afectar el ejercicio legítimo de las funciones judiciales. Además, señalar a una Magistrada desde su cargo en el Ejecutivo es una afrenta directa a la independencia judicial, principio esencial del Estado social de derecho consagrado en el artículo 113 de la Constitución.
Esa confusión intencional —más que ignorancia— constituye un intento de desprestigiar la función jurisdiccional, socavando la separación de poderes que garantiza nuestras libertades.
Quiero recordarle que no se trata de una mera cuestión “de opinión”. El discurso público tiene límites cuando lesiona derechos y perpetúa estructuras de desigualdad.
La Corte Suprema de Justicia ha señalado que la libertad de expresión no ampara agresiones verbales que promuevan la violencia o la discriminación, especialmente hacia mujeres que ejercen autoridad pública.
Colombia no puede retroceder a la barbarie verbal ni a la política de la injuria. La sociedad que respeta a sus mujeres exige responsabilidad, decencia y conciencia de las palabras.
Por eso, su comportamiento no solo es reprochable moralmente: es contrario al derecho, a la ética pública y al pacto civilizatorio que nos une como nación.
A esa Magistrada que usted intentó degradar, la sociedad colombiana la respalda. Ella representa la voz de todas las mujeres que, en la justicia, la academia o la vida cotidiana, enfrentan la violencia de quienes no soportan su autonomía. Y frente a esos ataques, respondemos con firmeza, con ley y con dignidad.
Así que lo señalamos a usted
y lo juzgamos en la tarima publica, porque esta no es solo una cuestión legal, es una cuestión de justicia social y moral. La Colombia que respeta a las mujeres no le aplaude la bajeza de hombres como usted . Lo que merece usted es el rechazo firme de una sociedad que valora la dignidad y el respeto de las mujeres.
Benjamín Saenz Rivera
