28/01/2026
𝐏𝐋𝐀𝐙𝐀𝐒 𝐃𝐄 𝐌𝐄𝐑𝐂𝐀𝐃𝐎: 𝐌𝐎𝐃𝐄𝐑𝐍𝐈𝐙𝐀𝐑 𝐒𝐈𝐍 𝐏𝐑𝐈𝐕𝐀𝐓𝐈𝐙𝐀𝐑 𝐄𝐋 𝐁𝐈𝐄𝐍 𝐏𝐔́𝐁𝐋𝐈𝐂𝐎
Por Miguel Peña, abogado especialista en Gobierno Municipal
Durante décadas, las plazas de mercado han sido uno de los principales escenarios de abastecimiento, economía popular y vida comunitaria en los municipios colombianos. Sin embargo, su deterioro físico, la informalidad en la asignación de puestos y la ausencia de modelos de gestión claros han llevado a que muchas administraciones locales oscilen entre dos extremos igualmente problemáticos: el abandono institucional o la privatización encubierta.
El debate sobre el futuro de las plazas de mercado debe partir de una premisa jurídica fundamental: ʟᴀs ᴘʟᴀᴢᴀs ᴅᴇ ᴍᴇʀᴄᴀᴅᴏ ᴍᴜɴɪᴄɪᴘᴀʟᴇs sᴏɴ ʙɪᴇɴᴇs ᴅᴇ ᴜsᴏ ᴘᴜ́ʙʟɪᴄᴏ. En consecuencia, su administración no puede responder únicamente a lógicas de rentabilidad, sino a criterios de interés general, acceso equitativo y función social del espacio público.
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐛𝐢𝐞𝐧 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐢𝐳𝐚𝐫𝐥𝐨
En varias ciudades del país se han ensayado modelos de gestión que, aunque bien intencionados, han generado tensiones jurídicas y sociales. En algunos casos, la administración directa por parte de las alcaldías ha derivado en prácticas discrecionales, clientelismo y falta de planificación. En otros, la entrega de la gestión a operadores privados ha transformado las plazas en centros comerciales disfrazados, excluyendo a comerciantes tradicionales y encareciendo el acceso a los puestos.
Bogotá, Medellín y Cartagena, por citar algunos ejemplos, muestran experiencias contrastantes. En la capital, la administración a través de una entidad especializada ha permitido mayor orden normativo en la asignación de espacios, aunque persisten problemas de infraestructura y formalización. Medellín ha avanzado hacia una gestión más técnica, mientras que en ciudades como Cartagena el reto principal sigue siendo la regularización jurídica y la integración del mercado a una visión urbana más amplia.
Estas experiencias confirman una lección clave: 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚 𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐢𝐞́𝐧 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚, 𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐪𝐮𝐞́ 𝐫𝐞𝐠𝐥𝐚𝐬 𝐲 𝐜𝐨𝐧 𝐪𝐮𝐞́ 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐞𝐬.
𝗟𝗮 𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗰𝘂𝗽𝗲𝗿𝗮𝗿 𝗹𝗮𝘀 𝗽𝗹𝗮𝘇𝗮𝘀 𝗰𝗮𝗽𝘁𝘂𝗿𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝘆 𝗲𝗹 𝗽𝗼𝗱𝗲𝗿 𝗶𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹
A esta discusión debe sumarse una advertencia urgente e inaplazable: en numerosos municipios del país, las plazas de mercado han sido capturadas de facto por mafias locales, clanes familiares o estructuras informales de poder, que se han apropiado del bien público como si se tratara de patrimonio privado. Puestos “heredados” durante décadas, vendidos o subarrendados de manera clandestina, y transferidos sin autorización administrativa son prácticas extendidas que han erosionado la autoridad municipal y desnaturalizado por completo la figura jurídica del uso público.
Esta situación no solo configura irregularidades administrativas graves, sino que puede constituir faltas disciplinarias, fiscales e incluso conductas penales, tanto por acción como por omisión de las autoridades encargadas de la vigilancia y administración. La tolerancia institucional frente a estas prácticas ha generado mercados cerrados, excluyentes y profundamente desiguales, donde el acceso a un puesto ya no depende de criterios objetivos, sino de redes informales de poder.
A ello se suma un deterioro progresivo del entorno urbano. En muchas ciudades y municipios, las plazas de mercado se han convertido en focos de desorden, desaseo e invasión permanente del espacio público circundante. Andenes ocupados, vías bloqueadas, ausencia de zonas de cargue y descargue, y un caos crónico de tránsito y parqueo de vehículos y camiones afectan no solo a los comerciantes, sino a toda la ciudadanía. La plaza deja de ser un equipamiento urbano integrado y pasa a convertirse en un problema de movilidad y convivencia.
Más preocupante aún es que, en no pocos casos, estas dinámicas han sido acompañadas por fenómenos de criminalidad, incluyendo microtráfico de sustancias psicoactivas, extorsión a comerciantes, utilización de bodegas como puntos de acopio ilegal y deterioro grave de las condiciones de seguridad. Cuando el Estado abdica de su función administrativa y de control, el vacío es ocupado rápidamente por actores ilegales que instrumentalizan el espacio público para fines ajenos al interés general.
𝐔𝐧𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐣𝐮𝐫𝐢́𝐝𝐢𝐜𝐚 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐮𝐧 𝐛𝐢𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐮𝐬𝐨 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨
Frente a este panorama, la respuesta no puede seguir siendo fragmentada ni coyuntural. Una alternativa sólida pasa por la creación de entidades públicas especializadas o corporaciones de mayoría pública, diseñadas exclusivamente para administrar las plazas de mercado. Este modelo permite profesionalizar la gestión, separar la administración del vaivén político y garantizar controles fiscales y sociales efectivos.
En este esquema, los comerciantes no son simples arrendatarios, sino usuarios autorizados de un bien público, mediante actos administrativos y contratos especiales de uso, que reconocen su actividad económica sin convertir el espacio en propiedad privada de facto.
Las alianzas público-privadas, por su parte, deben ser excepcionales y limitadas a infraestructura complementaria, nunca al control integral del mercado. De lo contrario, se corre el riesgo de desnaturalizar la función pública del bien y vulnerar principios constitucionales básicos.
𝐋𝐚 𝐚𝐫𝐪𝐮𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐭𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞́𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐞𝐥 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝
La modernización de las plazas no puede reducirse a una intervención estética. El ejemplo de la Plaza de Mercado La Concordia, en Bogotá, demuestra que es posible renovar sin expulsar, integrar sin elitizar y abrir el mercado a nuevas dinámicas culturales sin perder su esencia popular.
Una reforma arquitectónica adecuada debe:
Respetar el patrimonio y la memoria del lugar.
Integrar la plaza al espacio público circundante.
Organizar el uso interno sin excluir a los comerciantes tradicionales.
Incorporar zonas de abastecimiento, gastronomía, cultura y logística.
Evitar procesos de gentrificación que conviertan la plaza en un escenario exclusivo para el turismo o el consumo de alto costo.
La plaza de mercado no es un centro comercial; es un equipamiento urbano esencial, vinculado a la seguridad alimentaria, la economía campesina y la cohesión social.
𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐫 𝐬𝐢𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥
Cuando la modernización se hace sin una estructura jurídica clara, el resultado suele ser el desplazamiento silencioso de quienes históricamente han ocupado estos espacios. Por el contrario, cuando el derecho administrativo, el urbanismo y la política social actúan de manera articulada, las plazas pueden convertirse en verdaderos nodos de desarrollo local.
Recuperar y modernizar las plazas de mercado no es solo una decisión de infraestructura: es una decisión de autoridad pública. Implica depurar adjudicaciones irregulares, restablecer el carácter colectivo del bien, ordenar el espacio urbano y devolverle al Estado su papel como garante del interés general.
En tiempos donde los municipios buscan fortalecer la economía local y recuperar el espacio público, las plazas de mercado representan una oportunidad estratégica. Pero solo si se entiende que modernizar no es privatizar, y que administrar un bien de uso público implica, ante todo, proteger su función social, su vocación comunitaria y su papel central en la vida urbana y rural del país.
