Gustavo Balmaceda Abogados

24/06/2025

En el proceso penal chileno, la valoración de la prueba está regida por el principio de libertad probatoria en su obtención, pero limitada por la exigencia de licitud y la correcta cadena de custodia. En este contexto, cabe preguntarse: ¿pueden incorporarse pruebas generadas por inteligencia artificial en juicio oral?

Las tecnologías de IA, como los sistemas de reconocimiento facial, análisis predictivo o reconstrucciones digitales, pueden generar evidencias relevantes. Sin embargo, su incorporación procesal exige que se cumpla, en primer lugar, con los estándares de autenticidad e integridad propios de la cadena de custodia digital. Esto implica que desde su generación hasta su ofrecimiento en juicio, la prueba debe ser conservada sin alteraciones, con trazabilidad verificable y metadatos preservados.

En segundo lugar, la prueba debe haber sido obtenida respetando derechos fundamentales. Si el algoritmo se basa en datos obtenidos sin autorización judicial, por ejemplo, mediante interceptaciones ilegales, la prueba será ilícita y, por tanto, inadmisible.

Adicionalmente, debe considerarse la transparencia del sistema de IA utilizado. Una prueba producida por un algoritmo opaco o no auditado puede afectar el derecho a la defensa, al impedir controvertir su fiabilidad técnica. Esto es especialmente delicado cuando la IA realiza inferencias automatizadas sin supervisión humana directa.

23/06/2025

El uso de tecnologías de reconocimiento facial por parte de la policía plantea interrogantes jurídicos fundamentales, especialmente en un Estado de Derecho que protege los derechos fundamentales. En Chile, actualmente no existe una ley específica que regule el uso de esta tecnología por parte de las fuerzas de orden. Esta ausencia obliga a interpretar su legalidad conforme a los principios constitucionales, el derecho internacional de los derechos humanos y la normativa sobre protección de datos personales.

Desde una perspectiva constitucional, el artículo 19 N.º 4 garantiza el respeto y protección de la vida privada y de los datos personales. El reconocimiento facial involucra el tratamiento de datos biométricos, los que —por su carácter sensible— requieren estándares elevados de legalidad, finalidad, proporcionalidad y consentimiento informado, conforme a lo sostenido por la jurisprudencia y la doctrina.

Hasta hace poco, Chile contaba únicamente con la Ley N.º 19.628, claramente superada por los desafíos tecnológicos actuales. Sin embargo, en 2024 se publicó la nueva Ley N.º 21.719 sobre Protección de Datos Personales, que entrará en vigencia en 2026 y marcará un cambio estructural. Esta ley reconoce expresamente los datos biométricos como sensibles, impone deberes estrictos a los organismos públicos, exige bases legales claras, evaluación de impacto, medidas de seguridad y crea la Agencia de Protección de Datos Personales como ente fiscalizador. En este nuevo marco, el uso de tecnologías como el reconocimiento facial deberá ajustarse a exigencias mucho más estrictas que las actuales.

En el derecho comparado, organismos como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierten sobre el riesgo de vigilancia masiva y discriminación algorítmica. Se exige ley expresa, control judicial, supervisión técnica y límites precisos.

19/06/2025

Los sesgos algorítmicos desafían al Derecho Antidiscriminación. Ocurren cuando sistemas automatizados producen efectos desiguales para ciertos grupos, aun sin usar categorías explícitas como género o raza. Esto se debe, muchas veces, al uso de datos históricos contaminados.

En Chile, la Ley N.º 20.609 prohíbe prácticas que generen discriminación arbitraria, incluso si son aparentemente neutras. Pero los algoritmos suelen ser opacos y difíciles de auditar.

Casos internacionales —como State v. Loomis en EE. UU.— muestran cómo decisiones basadas en inteligencia artificial pueden reproducir estereotipos y afectar garantías como la igualdad ante la ley.

El Derecho debe adaptarse: exigir transparencia algorítmica, auditorías, evaluación de impacto y capacitación judicial en estas nuevas tecnologías. No se trata solo de eficiencia, sino de proteger derechos fundamentales en la era digital.

18/06/2025

17/06/2025

¿Puede la inteligencia artificial predecir la reincidencia penal? Esta pregunta, que cruza derecho penal, criminología y tecnología, está hoy en el centro del debate jurídico global. La respuesta requiere distinguir entre lo técnicamente posible y lo jurídicamente admisible.

Los modelos predictivos basados en IA —como algoritmos de machine learning entrenados con bases de datos penales, policiales o sociales— permiten estimar la probabilidad de que una persona vuelva a delinquir. Se utilizan, por ejemplo, en sistemas de libertad condicional o en evaluación de riesgo delictivo.

Entre sus ventajas se destacan: la rapidez en el procesamiento de grandes volúmenes de información; la identificación de patrones que escapan al análisis humano; y la posibilidad de generar insumos para decisiones más objetivas y fundamentadas.

Sin embargo, también existen riesgos relevantes. El más grave: la posibilidad de sesgos discriminatorios. Si los datos de entrenamiento reflejan desigualdades estructurales, el algoritmo puede reproducir —e incluso amplificar— patrones de discriminación por género, etnia, nivel socioeconómico o territorio. Esto puede comprometer el principio de igualdad ante la ley y el derecho a un juicio justo.

Además, estos modelos suelen ser opacos, lo que dificulta auditar cómo llegan a sus conclusiones. La falta de trazabilidad atenta contra el principio de legalidad y el control judicial efectivo. Y lo más delicado: utilizar predicciones estadísticas para fundamentar decisiones individuales puede contradecir la presunción de inocencia y transformar el derecho penal de acto en un derecho penal de autor.

En suma, si bien la IA puede ser una herramienta auxiliar útil, su implementación en justicia penal requiere garantías robustas: transparencia algorítmica, revisión humana, prohibición de discriminación y respeto irrestricto al debido proceso. La justicia no puede delegarse en una máquina.

09/06/2025

¿Puede la inteligencia artificial reemplazar a un abogado? La respuesta corta es no, al menos no bajo los estándares éticos y normativos vigentes. La IA puede asistir en tareas como redacción de documentos, análisis de jurisprudencia o gestión de grandes volúmenes de datos. Pero el ejercicio profesional del Derecho exige juicio humano, interpretación de contextos, ponderación de principios jurídicos y responsabilidad ética personal.

En Chile, el ejercicio de la abogacía está regulado por normas que requieren título habilitante, sujeción al control disciplinario de la Corte Suprema y cumplimiento de deberes profesionales que una máquina, por definición, no puede asumir. El criterio jurídico no es reducible a algoritmos. El razonamiento legal involucra ambigüedades, tensiones normativas y aplicación de valores, lo cual supera la lógica determinista de los sistemas computacionales actuales.

Además, el principio de independencia profesional, el deber de confidencialidad y la responsabilidad civil o penal del abogado son intransferibles a un sistema automatizado. La IA es útil, sí, pero como herramienta complementaria, no como sujeto profesional. Creer lo contrario confunde medios con fines y pone en riesgo el núcleo mismo de la función jurídica: la tutela efectiva de derechos.

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