17/10/2022
¡Buena tarde de lunes!
La semana pasada el Gobierno envío un proyecto de ley al Congreso, que busca modificar el mecanismo para notificar a migrantes sobre expulsiones administrativas y agilizar así su salida del país. Esto, debido a las 1.200 resoluciones de expulsiones administrativas pendientes.
El proyecto busca resolver un vacío de la actual ley que fija como requisito para la expulsión administrativa, la notificación de ésta al migrante; y uno de los problemas es que muchas veces se desconoce el nombre y la dirección real de los migrantes.
Entonces, el proyecto del Gobierno permitiría restarle trabas al proceso de notificación, haciendo más simple su ejecución, cambiando el mecanismo para validar como notificación de expulsión, el envío de ésta por carta certificada al domicilio que el migrante haya dado, o por correo electrónico.
En A&G consideramos que el proyecto constituye un evidente retroceso en las obligaciones estatales relacionadas con el derecho a un debido proceso, ya que cualquier forma de notificación distinta a la personal implica un mayor riesgo de que los individuos no sean efectivamente emplazados y puedan ejercer su derecho a defenderse dentro de este tipo de procedimiento administrativo.
Entonces, si en un caso se llega a determinar que una persona que está siendo expulsada no fue efectivamente notificada, ese proceso podría ser declarado ilegal por un tribunal.
Por otro lado, respecto a la declaración del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en la que responsabiliza al gobierno anterior por la falta de control en la migración irregular; creemos que ningún gobierno hasta ahora ha sido capaz de hacerse cargo y de controlar los grandes flujos migratorios que han ingresado y siguen ingresando al país irregularmente.
Como en estos flujos hay personas que migran por diversas razones, lo que corresponde hacer es analizar caso a caso sus situaciones y responder de acuerdo a cada una de ellas, identificando a los grupos de especial protección, tales como NNAs, personas que vienen por motivos de reunificación familiar, víctimas de tráfico ilícito de migrantes agravado y personas con necesidad de protección
internacional.
Sin embargo, algunos funcionarios han instalado un discurso populista que relaciona estos flujos con criminalidad organizada, sin tener ninguna base objetiva para ello.
Según detalló el subsecretario del Interior, existen 1.200 resoluciones de expulsiones administrativas que no han sido ejecutadas.
