20/06/2026
ANÁLISIS JURÍDICO DEL DECRETO SUPREMO N° 5636 – ESTADO DE EXCEPCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL🇧🇴🇧🇴
EN LA MADRUGADA DE HOY, A HORAS 01:30, EL PODER EJECUTIVO HA DICTADO EL DECRETO SUPREMO N° 5636, QUE DECLARA ESTADO DE EXCEPCIÓN EN TODO EL TERRITORIO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, CON EL OBJETIVO DECLARADO DE RESTABLECER LA LIBRE CIRCULACIÓN, EL ABASTECIMIENTO Y LA SEGURIDAD, TRAS 51 DÍAS DE MEDIDAS DE FUERZA Y BLOQUEOS QUE HAN DEJADO PÉRDIDAS ECONÓMICAS Y AFECTACIONES A SERVICIOS ESENCIALES . LA NORMA CUENTA CON OCHO ARTÍCULOS, TRES DISPOSICIONES FINALES Y UNA ÚNICA, Y PROHÍBE EXPRESAMENTE EL CIERRE DE VÍAS, EL USO DE ARMAS, PETARDOS, ARTEFACTOS EXPLOSIVOS Y ELEMENTOS QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE PERSONAS Y BIENES; DISPONE ADEMÁS EL APOYO TEMPORAL DE LAS FUERZAS ARMADAS A LA POLICÍA PARA PROTEGER RUTAS E INFRAESTRUCTURA .
EN ESTE CONTEXTO, EL PRESIDENTE DEL ESTADO, RODRIGO PAZ, HA EMITIDO DECLARACIONES PÚBLICAS CALIFICANDO EL MOVIMIENTO DE PROTESTA COMO “UN INTENTO DE GOLPE DE ESTADO DESDE EL NARCOTERRORISMO”. DESDE EL ANÁLISIS JURÍDICO, ESTA ETIQUETA REPRESENTA UN CAMBIO DE GRAVEDAD: TRASLADA EL CONFLICTO SOCIAL Y POLÍTICO AL CAMPO DE LOS DELITOS MÁS GRAVES, SIN QUE EXISTA AÚN PRUEBA GENERALIZADA NI SENTENCIA JUDICIAL QUE LO CONFIRME PARA EL CONJUNTO DE QUIENES MANIFIESTAN. ESTO GENERA UN RIESGO EVIDENTE: LA LEGÍTIMA PROTESTA Y DEFENSA DE DERECHOS PUEDEN SER CONFUNDIDOS CON ACTIVIDADES DELICTIVAS, ABRIENDO CAMINO A LA ESTIGMATIZACIÓN Y A LA PERSECUCIÓN AMPLIA BAJO EL AMPARO DE LA MEDIDA DE EXCEPCIÓN.
DESDE LA PERSPECTIVA JURÍDICA Y CONSTITUCIONAL, CORRESPONDE RECORDAR LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 137 Y 138 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, ASÍ COMO LA LEY DE REGULACIÓN DE ESTADOS DE EXCEPCIÓN RECIENTEMENTE APROBADA:
EL ESTADO DE EXCEPCIÓN ES UNA MEDIDA EXTRAORDINARIA, TEMPORAL – HASTA 90 DÍAS MÁXIMO – Y ESTRICTAMENTE LIMITADA, DESTINADA A ATENDER SITUACIONES GRAVES, NUNCA PARA SUPRIMIR DERECHOS FUNDAMENTALES NI EL ESTADO DE DERECHO.
EL DECRETO DEBE SER COMUNICADO INMEDIATAMENTE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, LA CUAL TIENE EL PLAZO DE 72 HORAS PARA EVALUAR SU PROCEDENCIA, PROPORCIONALIDAD Y RESOLVER SU APROBACIÓN O RECHAZO.
NINGUNA MEDIDA SUSPENDE NI ELIMINA DERECHOS IRRENUNCIABLES: VIDA, LIBERTAD, INTEGRIDAD FÍSICA, DEFENSA LEGAL, DEBIDO PROCESO Y PROTECCIÓN CONTRA DETENCIONES ARBITRARIAS SIGUEN VIGENTES Y EXIGIBLES ANTE CUALQUIER AUTORIDAD .
EL ANÁLISIS PROFESIONAL ADVIERTE SOBRE EL CONTEXTO Y LA PROPORCIÓN NECESARIA:
- LA MEDIDA SE EMITE POCO DESPUÉS DE LA FIRMA DE ACUERDOS CON LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA BUSCANDO LA PACIFICACIÓN, PERO ANTE EL MANTENIMIENTO DE MEDIDAS POR OTROS SECTORES; ESTA COINCIDENCIA GENERA LEGÍTIMAS DUDAS SOBRE SI SE APLICA ESTRICTAMENTE PARA RESTABLECER EL ORDEN O SI SE EXTIENDE HACIA LA RESTRICCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA Y LA EXPRESIÓN .
- RESULTA FUNDAMENTAL QUE LA ACTUACIÓN POLICIAL Y MILITAR SE AJUSTE ESTRICTAMENTE A LA LEY Y AL CONTROL JUDICIAL, EVITANDO CUALQUIER EXCESO QUE PUEDA CONFIGURAR PERSECUCIÓN POLÍTICA O VULNERACIÓN DE GARANTÍAS, MÁXIMA CUANDO SE AFIRMA QUE NO SE SUSPENDEN DERECHOS .
- COMO SE HA SEÑALADO REITERADAMENTE EN LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL, EL ORDEN PÚBLICO NO SE CONSTRUYE SOLO CON IMPOSICIÓN, SINO ATENDIENDO LAS CAUSAS PROFUNDAS DEL DESCONTENTO SOCIAL, QUE ESTE DECRETO POR SÍ SOLO NO RESUELVE .
EN CONCLUSIÓN, PARA LOS OPERADORES DE JUSTICIA Y LA CIUDADANÍA, ESTE MOMENTO IMPONE MAYOR VIGILANCIA Y DEFENSA ACTIVA DE LA CONSTITUCIÓN: LA MEDIDA DEBE SER TRANSITORIA, PROPORCIONADA Y CONTROLADA.
EL DEBER DEL ABOGADO HOY ES GARANTIZAR QUE NADIE QUEDE SIN DEFENSA Y QUE LA LEY SE CUMPLA PARA TODOS POR IGUAL, SIN DISTINCIÓN.
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