𝗖𝗢𝗡𝗦𝗨𝗟𝗧𝗜𝗡𝗚 & 𝗔𝗦𝗢𝗖.

01/03/2026

𝗣𝗨𝗘𝗗𝗘𝗦 𝗣𝗘𝗥𝗗𝗘𝗥 𝗟𝗔 𝗚𝗨𝗔𝗥𝗗𝗔 𝗣𝗢𝗥 𝗧𝗥𝗔𝗦𝗟𝗔𝗗𝗔𝗥 𝗢 𝗥𝗘𝗧𝗘𝗡𝗘𝗥 𝗔 𝗧𝗨 𝗛𝗜𝗝𝗢 𝗦𝗜𝗡 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗥𝗜𝗭𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗗𝗘𝗟 𝗢𝗧𝗥𝗢 𝗣𝗔𝗗𝗥𝗘
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𝗖𝗢𝗡𝗦𝗨𝗟𝗧𝗜𝗡𝗚 & 𝗔𝗦𝗢𝗖.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0939/2016-S1
Sucre, 19 de octubre de 2016
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La Sentencia Constitucional Plurinacional 0939/2016-S1, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, desarrolla criterios claros sobre las consecuencias jurídicas del traslado o la retención de un menor sin el consentimiento del otro progenitor, estableciendo que esta conducta puede constituir causal de modificación de la guarda.

El Tribunal analiza un escenario en el que uno de los progenitores aparta al menor de su residencia habitual sin autorización ni acuerdo, afectando el ejercicio de los derechos parentales del otro y la estabilidad emocional del niño. En ese marco, la Sentencia precisa que:

“𝑬𝒍 𝒕𝒓𝒂𝒔𝒍𝒂𝒅𝒐 𝒚 𝒓𝒆𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 𝒔𝒊𝒏 𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒏𝒕𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒐𝒕𝒓𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒆𝒏𝒊𝒕𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒚𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒒𝒖𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒐𝒏𝒐𝒄𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒚 𝒂𝒇𝒆𝒄𝒕𝒂 𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒏𝒊ñ𝒐 𝒂 𝒍𝒂 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒚 𝒂 𝒎𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒆𝒓 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂𝒓𝒆𝒔 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔”.

Asimismo, el fallo enfatiza que estas acciones no pueden ser consideradas simples decisiones unilaterales, pues inciden directamente en el interés superior del niño, señalando que:

“𝑳𝒂 𝒔𝒖𝒔𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒐 𝒓𝒆𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒊𝒏𝒅𝒆𝒃𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝒖𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒆𝒏𝒊𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒆𝒔 𝒖𝒏 𝒂𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒍𝒆𝒗𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒒𝒖𝒆 𝒅𝒆𝒃𝒆 𝒔𝒆𝒓 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒍𝒂 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒋𝒖𝒅𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒂𝒍 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒇𝒊𝒏𝒊𝒓 𝒐 𝒎𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒓 𝒍𝒂 𝒈𝒖𝒂𝒓𝒅𝒂”.

La Sentencia también recuerda que la guarda no es un derecho absoluto ni inmodificable, y que el juez debe evaluar permanentemente la conducta de los progenitores, precisando que:

“𝑪𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒔𝒆 𝒆𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒆𝒏 𝒂𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒗𝒖𝒍𝒏𝒆𝒓𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒃𝒊𝒆𝒏𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 𝒐 𝒓𝒆𝒔𝒕𝒓𝒊𝒏𝒋𝒂𝒏 𝒊𝒏𝒋𝒖𝒔𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒐𝒕𝒓𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒆𝒏𝒊𝒕𝒐𝒓, 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒂𝒅𝒐𝒑𝒕𝒂𝒓 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏𝒕𝒊𝒄𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓é𝒔 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒏𝒊ñ𝒐”.

𝙏𝙧𝙖𝙨𝙡𝙖𝙙𝙖𝙧 𝙤 𝙧𝙚𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧 𝙖 𝙪𝙣 𝙝𝙞𝙟𝙤 𝙨𝙞𝙣 𝙖𝙪𝙩𝙤𝙧𝙞𝙯𝙖𝙘𝙞ó𝙣 𝙙𝙚𝙡 𝙤𝙩𝙧𝙤 𝙥𝙧𝙤𝙜𝙚𝙣𝙞𝙩𝙤𝙧 𝙮 𝙨𝙞𝙣 𝙤𝙧𝙙𝙚𝙣 𝙟𝙪𝙙𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙥𝙪𝙚𝙙𝙚 𝙨𝙚𝙧 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙞𝙙𝙚𝙧𝙖𝙙𝙤 𝙪𝙣𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙪𝙘𝙩𝙖 𝙜𝙧𝙖𝙫𝙚, 𝙨𝙪𝙛𝙞𝙘𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙢𝙤𝙙𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙧 𝙡𝙖 𝙜𝙪𝙖𝙧𝙙𝙖, 𝙚𝙣 𝙥𝙧𝙤𝙩𝙚𝙘𝙘𝙞ó𝙣 𝙙𝙚𝙡 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧é𝙨 𝙨𝙪𝙥𝙚𝙧𝙞𝙤𝙧 𝙙𝙚𝙡 𝙣𝙞ñ𝙤 𝙮 𝙙𝙚𝙡 𝙥𝙧𝙞𝙣𝙘𝙞𝙥𝙞𝙤 𝙙𝙚 𝙘𝙤𝙧𝙧𝙚𝙨𝙥𝙤𝙣𝙨𝙖𝙗𝙞𝙡𝙞𝙙𝙖𝙙 𝙥𝙖𝙧𝙚𝙣𝙩𝙖𝙡.

28/02/2026

jurídicas
Comparto la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta y el Auto de Admisión.

https://drive.google.com/file/d/13Em2vOER4lyNvqoJSHkw4sdrsqR9pz3N/view?usp=drivesdk

28/02/2026

| Comunicado de Prensa
BCB INHABILITA LOS CORTES DE Bs10, Bs20 Y Bs50 DE LA SERIE B DE LA NUEVA FAMILIA DE BILLETES DE BOLIVIANO.
Lee la nota en:
https://www.bcb.gob.bo/webdocs/files_noticias/28feb26%20CP8%20bcb%20inhabilita%20billetes%20serie%20B%20final%20%282%29.pdf

28/02/2026

𝙋𝙐𝙀𝘿𝙀 𝙋𝙀𝙍𝘿𝙀𝙍 𝙇𝘼 𝙂𝙐𝘼𝙍𝘿𝘼 𝘿𝙀 𝙇𝙊𝙎 𝙃𝙄𝙅𝙊𝙎 𝘼𝙇 𝙄𝙈𝙋𝙀𝘿𝙄𝙍 𝙇𝘼𝙎 𝙑𝙄𝙎𝙄𝙏𝘼𝙎 𝘿𝙀𝙇 𝙋𝘼𝘿𝙍𝙀 𝙊 𝙇𝘼 𝙈𝘼𝘿𝙍𝙀
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𝗖𝗢𝗡𝗦𝗨𝗟𝗧𝗜𝗡𝗚 & 𝗔𝗦𝗢𝗖.
CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0146/2024-S2
Sucre, 2 de mayo de 2024
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El Tribunal Constitucional Plurinacional analizó un caso donde uno de los progenitores obstruía el régimen de visitas y retenía al menor, situación que fue evaluada por la autoridad judicial bajo el principio del interés superior del niño.

– El TCP dejó establecido que los jueces de familia pueden dictar medidas provisionales cuando se advierte que la conducta de uno de los progenitores afecta el derecho del niño a mantener relación con ambos padres.

Parte textual relevante de la sentencia:
“𝑺𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒐𝒍𝒗𝒊ó 𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒓 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔, 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔, 𝒎𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒓 𝒍𝒂 𝒈𝒖𝒂𝒓𝒅𝒂 𝒂 𝒇𝒂𝒗𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒏𝒐𝒎𝒃𝒓𝒂𝒅𝒐, 𝒆𝒏 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒂 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒄𝒆𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒔𝒐 𝒚 𝒍𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 𝒕é𝒄𝒏𝒊𝒄𝒐𝒔.”

– El Tribunal recordó que el derecho de visitas no es un favor, sino un derecho-deber del progenitor que no tiene la guarda y, principalmente, un derecho del niño o niña.

Fundamento constitucional desarrollado por el TCP:
“𝑳𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒗𝒊𝒏𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒂 𝒍𝒂 𝒈𝒖𝒂𝒓𝒅𝒂 𝒚 𝒓é𝒈𝒊𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒃𝒆𝒏 𝒔𝒆𝒓 𝒂𝒅𝒐𝒑𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊𝒛𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒆𝒍 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓é𝒔 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓, 𝒊𝒏𝒄𝒍𝒖𝒔𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒕𝒂𝒔 𝒚 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔.”

Conclusión jurídica importante:
Cuando un padre o madre impide injustificadamente el régimen de visitas, esa conducta puede ser considerada lesiva al interés superior del niño y dar lugar a la modificación o pérdida de la guarda, sin perjuicio de que el fondo del proceso continúe.

– La guarda no es absoluta.
– El incumplimiento del régimen de visitas tiene consecuencias legales.
– El centro de la decisión siempre es el bienestar del hijo o hija.

28/02/2026

𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗧𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗣𝗥𝗘𝗙𝗘𝗥𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗘𝗦 𝗬 𝗣𝗔𝗗𝗥𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗡 𝗛𝗜𝗝𝗢𝗦 𝗠𝗘𝗡𝗢𝗥𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗨𝗡 𝗔𝗡̃𝗢
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𝗖𝗢𝗡𝗦𝗨𝗟𝗧𝗜𝗡𝗚 & 𝗔𝗦𝗢𝗖.
Sentencia Constitucional Plurinacional 0330/2025-S2
Sucre, 5 de mayo de 2025
Acción de amparo constitucional
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, retoma y refuerza un criterio que había quedado relegado en la jurisprudencia constitucional: la contratación preferente como una medida de protección reforzada para madres y padres progenitores con hijas o hijos menores de un año de edad.

Esta Sentencia establece que, cuando un padre o madre progenitor con hijos menores de un año mantiene una relación contractual y la entidad pública o privada continúa realizando el mismo tipo de contrataciones, surge el derecho a la contratación preferente, lo que impide que el empleador prescinda de ese trabajador o trabajadora de manera arbitraria.

El Tribunal enfatiza que“𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒅𝒓𝒆 𝒐 𝒑𝒂𝒅𝒓𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒆𝒏𝒊𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒖𝒏 𝒏𝒊ñ𝒐 𝒐 𝒏𝒊ñ𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒖𝒏 𝒂ñ𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒖𝒏𝒂 𝒕𝒖𝒕𝒆𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍”, 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒔𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒅𝒊𝒄𝒉𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 “𝒏𝒐 𝒔𝒆 𝒂𝒈𝒐𝒕𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒓𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐, 𝒔𝒊𝒏𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒅𝒆𝒃𝒆 𝒂𝒏𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒓𝒔𝒆 𝒔𝒊 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆 𝒍𝒂 𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐”. En ese contexto, se reconoce que la continuidad de contrataciones similares genera una obligación reforzada para el empleador.

Asimismo, la SCP 0330/2025-S2 vincula este criterio con el interés superior del niño, señalando que “𝒍𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒊𝒏𝒄𝒊𝒅𝒂𝒏 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒏 𝒍𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒏𝒊ñ𝒂𝒔 𝒚 𝒏𝒊ñ𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒃𝒆𝒏 𝒔𝒆𝒓 𝒆𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒅𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒓𝒆𝒇𝒐𝒓𝒛𝒂𝒅𝒂”, evitando que la terminación del vínculo laboral “𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒄𝒐𝒏ó𝒎𝒊𝒄𝒂 𝒚 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒂 𝒆𝒕𝒂𝒑𝒂 𝒆𝒔𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒂𝒓𝒓𝒐𝒍𝒍𝒐 𝒊𝒏𝒇𝒂𝒏𝒕𝒊𝒍”.

La Sentencia aclara que la contratación preferente“𝒏𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒚𝒆 𝒖𝒏 𝒑𝒓𝒊𝒗𝒊𝒍𝒆𝒈𝒊𝒐 𝒏𝒊 𝒖𝒏𝒂 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒂 𝒊𝒏𝒅𝒆𝒃𝒊𝒅𝒂”, sino una medida de protección constitucional, aplicable tanto a madres como a padres progenitores, orientada a garantizar la efectividad del derecho al trabajo, la protección a la familia y los derechos de la niñez.

𝙀𝙣 𝙘𝙤𝙣𝙘𝙡𝙪𝙨𝙞ó𝙣, 𝙡𝙖 𝙎𝘾𝙋 0330/2025-𝙎2 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙤𝙡𝙞𝙙𝙖 𝙪𝙣 𝙥𝙧𝙚𝙘𝙚𝙙𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙧𝙚𝙡𝙚𝙫𝙖𝙣𝙩𝙚 𝙖𝙡 𝙧𝙚𝙖𝙛𝙞𝙧𝙢𝙖𝙧 𝙦𝙪𝙚 𝙚𝙡 𝙙𝙚𝙧𝙚𝙘𝙝𝙤 𝙖𝙡 𝙩𝙧𝙖𝙗𝙖𝙟𝙤 𝙣𝙤 𝙥𝙪𝙚𝙙𝙚 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙥𝙧𝙚𝙩𝙖𝙧𝙨𝙚 𝙙𝙚 𝙢𝙖𝙣𝙚𝙧𝙖 𝙖𝙞𝙨𝙡𝙖𝙙𝙖, 𝙨𝙞𝙣𝙤 𝙚𝙣 𝙖𝙧𝙢𝙤𝙣í𝙖 𝙘𝙤𝙣 𝙡𝙖 𝙥𝙧𝙤𝙩𝙚𝙘𝙘𝙞ó𝙣 𝙧𝙚𝙛𝙤𝙧𝙯𝙖𝙙𝙖 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙛𝙖𝙢𝙞𝙡𝙞𝙖 𝙮 𝙚𝙡 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧é𝙨 𝙨𝙪𝙥𝙚𝙧𝙞𝙤𝙧 𝙙𝙚𝙡 𝙣𝙞ñ𝙤, 𝙧𝙚𝙫𝙖𝙡𝙤𝙧𝙞𝙯𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙡𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙩𝙖𝙘𝙞ó𝙣 𝙥𝙧𝙚𝙛𝙚𝙧𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙘𝙤𝙢𝙤 𝙪𝙣 𝙢𝙚𝙘𝙖𝙣𝙞𝙨𝙢𝙤 𝙡𝙚𝙜í𝙩𝙞𝙢𝙤 𝙛𝙧𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙖 𝙙𝙚𝙘𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣𝙚𝙨 𝙡𝙖𝙗𝙤𝙧𝙖𝙡𝙚𝙨 𝙖𝙧𝙗𝙞𝙩𝙧𝙖𝙧𝙞𝙖𝙨.

27/02/2026

𝗥𝗣𝗔

TCP abre proceso constitucional tras admitir acción abstracta contra normas que regulan abogacía

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió una acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el diputado José Carlos Gutiérrez Vargas contra un conjunto de normas que regulan el ejercicio de la abogacía en Bolivia y el funcionamiento de los Tribunales de Ética bajo tuición del Ministerio de Justicia.

De acuerdo con el Auto Constitucional 0634/2025-CA, emitido en Sucre el 27 de noviembre de 2025, la acción cuestiona varios artículos de la Ley del Ejercicio de la Abogacía (Ley 387), disposiciones de decretos supremos y normas vinculadas a los Tribunales de Ética del Ministerio de Justicia, por considerar que vulneran principios y derechos establecidos en la Constitución Política del Estado.

En su demanda, el legislador sostiene que las reformas legales impugnadas han despojado progresivamente a los Colegios de Abogados de competencias históricas, como el control disciplinario, la matrícula profesional y la administración de recursos propios, concentrando dichas atribuciones en el Órgano Ejecutivo. Según el accionante, esta situación afecta la autonomía gremial, la libertad de asociación y la independencia del ejercicio profesional de la abogacía.

El memorial también argumenta que la transferencia de estas funciones al Ministerio de Justicia somete el control ético de los abogados a una estructura político-administrativa estatal, lo que, a criterio del demandante, contradice estándares constitucionales y convencionales que protegen la función social y la dignidad de la profesión jurídica.

La resolución dispone el registro, notificación y publicación del auto en la Gaceta Constitucional Plurinacional. La admisión fue suscrita por la magistrada presidenta Amalia Laura Vilca y el magistrado Ángel Edson Dávalos Rojas, mientras que el magistrado Boris Wilson Arias López no intervino en la decisión por no compartir el criterio asumido por la Comisión de Admisión.

27/02/2026

27/02/2026

https://wa.link/gyk9kz

27/02/2026

𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗧𝗢: 𝗔𝗖𝗨𝗘𝗥𝗗𝗢 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗔𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟

27/02/2026

𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗧𝗢: 𝗗𝗘𝗦𝗜𝗦𝗧𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 - 𝗧𝗥Á𝗡𝗦𝗜𝗧𝗢

27/02/2026

26/02/2026

𝗘𝗟 𝗗𝗘𝗟𝗜𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗦𝗣𝗢𝗝𝗢 𝗣𝗥𝗢𝗧𝗘𝗚𝗘 𝗟𝗔 𝗣𝗢𝗦𝗘𝗦𝗜Ó𝗡, 𝗡𝗢 𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗜𝗘𝗗𝗔𝗗
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𝗖𝗢𝗡𝗦𝗨𝗟𝗧𝗜𝗡𝗚 & 𝗔𝗦𝗢𝗖.
Auto Supremo
N: 328/2016-RRC
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El Tribunal Supremo de Justicia fijó un criterio claro y reiterado en materia penal: el delito de despojo tutela la posesión y no el derecho propietario.

Bien jurídico protegido
La jurisprudencia señala que el despojo protege la posesión como situación de hecho sobre un bien inmueble, independientemente de la titularidad dominial.

No se exige título de propiedad
El Auto Supremo 328/2016-RRC establece que:

“𝒏𝒐 𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒕𝒐 𝒂𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒂𝒓 𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒆𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐” 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒈𝒖𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒕𝒊𝒑𝒐 𝒑𝒆𝒏𝒂𝒍, 𝒔𝒊𝒆𝒏𝒅𝒐 𝒔𝒖𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂𝒓 𝒍𝒂 𝒑𝒐𝒔𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒊𝒂 𝒚 𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒐𝒋𝒐.

Vías de hecho prohibidas
El Tribunal enfatiza que la propiedad no puede recuperarse por la fuerza, indicando que los conflictos sobre dominio deben resolverse por las vías legales correspondientes y no mediante actos de violencia.

Incluso el propietario puede cometer despojo
De forma expresa, la jurisprudencia advierte que aun quien se considere propietario incurre en despojo si recupera el bien por vías de hecho, vulnerando la posesión de quien lo detenta.

“𝑬𝒍 𝒕𝒊𝒑𝒐 𝒑𝒆𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒐𝒋𝒐 𝒏𝒐 𝒕𝒖𝒕𝒆𝒍𝒂 𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒆𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐, 𝒔𝒊𝒏𝒐 𝒍𝒂 𝒑𝒐𝒔𝒆𝒔𝒊ó𝒏, 𝒆𝒗𝒊𝒕𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒔𝒆 𝒉𝒂𝒈𝒂𝒏 𝒋𝒖𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒏𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒂.”
(𝑨𝒖𝒕𝒐 𝑺𝒖𝒑𝒓𝒆𝒎𝒐 328/2016-𝑹𝑹𝑪)

𝘊𝘖𝘕𝘊𝘓𝘜𝘚𝘐Ó𝘕
𝘌𝘭 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘦 𝘥𝘦𝘴𝘱𝘰𝘫𝘰 𝘴𝘢𝘯𝘤𝘪𝘰𝘯𝘢 𝘭𝘢 𝘳𝘶𝘱𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘪𝘭𝘦𝘨í𝘵𝘪𝘮𝘢 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘴𝘦𝘴𝘪ó𝘯, 𝘳𝘦𝘢𝘧𝘪𝘳𝘮𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘪𝘦𝘥𝘢𝘥 𝘴𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘶𝘵𝘦 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘷í𝘢 𝘤𝘪𝘷𝘪𝘭 𝘺 𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘢 𝘷𝘪𝘰𝘭𝘦𝘯𝘤𝘪𝘢 𝘯𝘰 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘢 𝘥𝘦𝘳𝘦𝘤𝘩𝘰𝘴.