22/06/2026
En Río Negro, defender la independencia del Poder Judicial y la autonomía provincial debería estar por encima de cualquier pertenencia partidaria o coyuntura electoral.
La Justicia rionegrina tiene que poder intervenir con libertad cuando se discuten derechos, políticas públicas, recursos naturales, cuestiones ambientales, tierras, seguridad, salud o conflictos entre ciudadanos y el Estado. Sus decisiones pueden ser incómodas para un gobernador, un intendente, una legislatura o incluso para intereses nacionales; justamente por eso debe estar protegida de presiones. Una Justicia que depende del poder político deja de ser una garantía para la gente y pasa a ser una herramienta del gobierno de turno.
También es fundamental que Río Negro preserve su autonomía frente a la Nación. No se trata de pelear por pelear ni de negar la necesidad de coordinación federal. Se trata de que las decisiones sobre nuestros recursos, nuestras rutas, la energía, el desarrollo productivo, el ambiente, la salud, la educación y las prioridades de cada región no queden subordinadas a la mirada o a la conveniencia política de Buenos Aires.
Río Negro tiene realidades muy distintas entre Bariloche, la Línea Sur, el Alto Valle, la zona Atlántica y el Valle Medio. Esa diversidad exige autoridades provinciales con capacidad real de decidir, gestionar y defender los intereses locales, sin depender de premios o castigos financieros de la Nación según quién gobierne.
La independencia judicial frente al poder político y la autonomía provincial frente al centralismo son dos caras de la misma idea: que las instituciones estén al servicio de los rionegrinos, no de los gobiernos de turno.
