05/06/2018
EN MEDIO DE LAS QUEJAS DE MEDIADORES,
UNA LETRADA COBRO 100 PESOS DE HONORARIOS.
por Antonio Tula
Fuente; El Dia 5 de Junio de 2018 | 02:59 | Publicado en Edición Impresa
Así lo fijó la Cámara de Apelaciones de la Provincia, aportando más polémica entre estos funcionarios judiciales
En medio de los reclamos que abogados mediadores vienen realizando por la regulación de honorarios que consideran “ilegales e injuriantes”, se conoció recientemente un fallo de la Cámara de Apelaciones provincial que fijo el monto a cobrar en un caso particular por una letrada mediadora en 100 pesos. La sentencia incrementó el malestar entre los abogados dedicados a esta práctica, dado que esa cifra está muy lejos del cobro mínimo fijado por funciones judiciales, estimado en 2 mil pesos, y fue interpretado como un “desprecio” por parte del Poder Judicial a la actividad.
La destinataria del cobro de los 100 pesos es la abogada platense y mediadora María Cristina Camelino, quien en concepto de una mediación que realizó en 2016 recibió por parte de la Cámara de Apelaciones una regulación de honorarios de un total de 100 pesos.
“Que dos camaristas consideren que después de tanta capacitación y de reunir todos los requerimientos, como el de brindar un lugar físico específico y pagar doble matrícula, mi trabajo sea remunerado con 100 pesos es como una cachetada”, dijo Camelino al ser consultada por EL DÍA sobre la resolución,
Se trata de un fallo firmado por Patricia Bermejo y Agustín Hankovits, de cuyos fundamentos se desprende que la mediación llevada a cabo en un conflicto particular no resultó exitosa, dado que una de las partes no se presentó a la audiencia y que la suma en conflicto era desmedida en relación al dictamen de primera instancia.
Sin embargo, Camelino advirtió que regular en 100 pesos su trabajo, a pesar de que una de las partes no se haya presentado a la audiencia citada es “un desprecio en cualquier contexto”.
“Me siento mal, siento que no han reconocido mi trabajo”, expresó la letrada platense, y agregó: “Deben decidir qué tipo de política pública quieren aplicar porque la mediación fue establecida por ley en la Provincia para la resolución de conflictos que no lleguen al litigio y bajo el criterio de que judicializar todo no está bueno”.
La abogada, con una trayectoria de 40 años y distinciones internacionales, subrayó que los abogados con incumbencia de mediador están regidos por los colegios y que “este tipo de situaciones van a tener que ser tenidas en cuenta por nuestros representantes”, además de insistir en que esa regulación de honorarios es un “claro maltrato” a nuestra labor.
La mediación prejudicial obligatoria está establecida en la Provincia desde hace seis años, con el fin de permitir en forma rápida y expeditiva la alternativa de que las partes se pongan de acuerdo para conciliar posiciones enfrentadas, sin la intervención de un juez como ocurre en la llamada justicia de primera instancia.
El sistema rompe el paradigma de la resolución judicial basado en los principios de litigio caracterizado por el enfrentamiento de partes sometidas a la decisión de un tercero (juez). La mediación incorpora la figura del “abogado mediador” como facilitador del dialogo utilizando herramientas comunicacionales indispensables para las partes, junto con los principios de confidencialidad e informalidad en el tratamiento de cada conflicto.
QUEJAS DE LOS MEDIADORES
Según pudo saber este diario, en la Ciudad hay matriculados 350 mediadores, mientras que en toda la Provincia son un total de 2.500. Y son varios los que vienen manteniendo reuniones por las mismas disconformidades.
Hay quienes afirman la intención de mediadores de conformar una asociación que les permita sumar fuerza a la hora de reclamar reivindicaciones.
Los profesionales aludieron asimismo a una “falta de respaldo de todos los organismos que originan esta instancia, entiéndase ministerio de Justicia, Colegios de Abogados departamentales, Colegio de Abogados de la Provincia, universidades y entidades de formación, que han dejado a los mediadores “a merced de los intereses del poder político de turno y del económicos de las compañías de seguros.
