24/03/2022
Desde la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de Rosario expresamos:
A 46 AÑOS DE LA DICTADURA GENOCIDA. MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
El golpe de Estado del 24 de Marzo de 1976 da comienzo a la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, la peor de nuestra historia. Existía un perfecto acuerdo entre las tres fuerzas armadas, los grandes bancos, las corporaciones transnacionales y la gran burguesía argentina (por entonces nucleada en la APEGE) en imponer un plan económico neoliberal, eliminar controles del Estado sobre la economía, para garantizar la concentración y centralización del capital, la reducción de los salarios y la elevación de las tasas de ganancia. Para aplicar dicho plan económico que ya había diseñado Martínez de Hoz, la dictadura cívico-militar-eclesiastica profundiza la represión contra la militancia popular y los sectores de vanguardia de la clase obrera. La mayoría de lxs detenidxs, cesanteadxs, torturadxs y perseguidxs, además de lxs 30.000 desaparecidxs, fueron trabajadores conscientes, miembros de comisiones internas, cuerpos de delegados y organizaciones políticas del campo popular, muchos de ellxs entregados por las patronales. Entre otras pueden mencionarse Acindar, Mercedes Benz, Molinos Río de la Plata, Ingenio Ledesma y La Veloz del Norte.
La defensa de las condiciones generales del modo de producción capitalista frente a los avances de un movimiento obrero combativo, determinó que la dictadura cívico- militar-eclesiástica suprimiera el derecho de huelga mediante la llamada “ley” 21.400, además de intervenir sindicatos.
Un objetivo central fue el cercenamiento de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. Poco más de un mes después del golpe, la dictadura resuelve derogar 25 artículos y reformar otros 97 (sobre un total de 301).
La vuelta de la democracia había generado un debate sobre la validez de las “leyes” o reglas estatales dictadas por la dictadura. Pensamos que los actos y normas de la dictadura debieron ser anulados, o –como han opinado algunos juristas- que su validez debía estar condicionada a la decisión del gobierno constitucionalmente elegido. Pero en nombre de la “seguridad jurídica” este debate se cerró definitivamente a partir de los 90. Desde la AALR, sostenemos que la pérdida de derechos de la clase trabajadora es parte de la supervivencia de la herencia económica, política e ideológica de la dictadura, contra la cual luchamos quienes creemos en la construcción de una sociedad justa e igualitaria.
Asimismo, hoy, y desde hace casi 3 décadas, existe un genocidio por goteo, convalidado legalmente por el sistema instrumentado por la ley 24.557, de accidentes y enfermedades del trabajo, el que está centrado en generar y proteger el negocio financiero de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, en lugar de cuidar la dignidad de las personas con eje en la prevención.
En este día de MEMORIA VERDAD y JUSTICIA, nos comprometemos a la defensa irrestricta de los derechos colectivos e individuales y la recuperacion de los que fueran suprimidos por la dictadura civico-militar-eclesiastica; a luchar por la libertad de lxs presxs políticxs; por la derogación de las leyes anti-obreras; por el rechazo de todos los proyectos de reforma laboral y/o previsional que tienden a privar de derechos a las y los trabajadores y por un Derecho del Trabajo que se ajuste a los pactos internacionales de Derechos Humanos, como aporte fundamental para el avance hacia una sociedad verdaderamente democrática, justa, igualitaria y sin presxs políticos.
POR LXS 30 MIL. NUNCA MÁS.
