Estudios Jurídicos Nielsen

Estudios Jurídicos Nielsen "Una organización al servicio del derecho"

11/06/2026

MISIONES: LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LA RAZONABILIDAD DE LAS NORMAS JURÍDICAS
(Ensayo)

PARTE I
¿SEGURIDAD JURÍDICA O REGÍMENES DE PRIVILEGIO?

Según los patrones linguísticos adoptados por la semántica jurídica internacional, con el concepto de seguridad jurídica se quiere significar un ordenamiento legal ajustado a un marco de protección de determinados intereses particulares -más allá de que una vez consolidadas esas normas en el derecho positivo, colisionen con los derechos individuales o con las garantías constitucionales que, justamente, constituyen la médula de esa misma seguridad-. No obstante, tanto los primeros como los segundos deberían mantenerse -a mi entender- incólumes en el espíritu y en el proceder de quienes tienen la potestad de crear, interpretar y aplicar el derecho.

Así se habla de seguridad jurídica cuando se hace referencia a la necesidad de adecuar el contenido de las normas a un marco específico regulador de las actividades financieras, cuando se pretenden adoptar formas de resguardo para las inversiones de los organismos multilaterales de crédito (empresas privatizadas o grupos de comercio locales o internacionales) cuando se plantea la necesidad de reformar los códigos de justicia, transformar las normas de convivencia o delimitar el alcance de los marcos normativos sustentados por el derecho supra-nacional.

Con este trabajo, desde la óptica de experiencias puntuales que tienen que ver con las interpretaciones de un determinado ordenamiento jurídico por parte de dos poderes del estado provincial cuyas relaciones se tornaron conflictivas a partir de un resultado electoral, se pretende demostrar que la facultad de menoscabar la seguridad jurídica puede estar implícita en actos de gobierno (aún en un estado de derecho) cuando la visión política no alcanza para entender el derecho como el marco regulador de las conductas individuales y de la vida en sociedad, sino como una especie de privilegio concedido a unos pocos por una mayoría circunstancial en las urnas de la democracia. (cont.)

11/06/2026
18/02/2026

CUANDO LA JUSTICIA SE PROSTITUYE LA ISLA DE EPSTEIN SE REPLICA EN JUZGADOS Y TRIBUNALES

La justicia se prostituye toda vez que el juez –que habla por sus fallos- se pronuncia violentando los derechos y garantías de los inocentes. Es allí cuando las islas de Epstein se replican en los estrados judiciales ultrajando la razón de ser del exorbitante sistema de administración de justicia. Resulta con ello que el pueblo paga con forzadas contribuciones impositivas el elefantiásico entramado judicial para proyectar una imagen de justicia que nada tiene que ver con la realidad.

En la realidad, las islas de Epstein funcionan para proteger los apetitos insanos de los miembros de una clase privilegiada que maneja los hilos del poder político, marco en el que el juez expone, subliminalmente oculto en el abordaje de las técnicas que utiliza para juzgar, los perversos operativos montados para encubrir las deformaciones y malformaciones morales de los personajes que ejercen el mando o el control político de las instituciones.

El juez sabe que de esos personajes dependen sus posibilidades de buena vida, privilegios, ascensos, protección familiar e incremento de su fortuna patrimonial y en ese conocimiento, la obediencia ciega se entremezcla con los textos de los “libros sagrados” de la ley -dictados por esos mismos políticos- encontrando la técnica, el motivo, la explicación superficial y la verborragia disparatada que le permiten tener por lícito lo que no lo es y por verdadero lo que es falso. La justicia entonces termina siendo sometida a los más bajos instintos del poder, sacrificada en aras de mantener el estatus quo de un sistema perverso que beneficia a unos pocos y mantiene al resto en la indefinición eterna de su existencia.

El resultado es la gran fiesta de la corrupción, la perpetuación de las atrocidades que los poderosos aplican -desde sus cargos en ejercicio o ya ejercidos- a los desprevenidos individuos de la sociedad que creen que, ante el poder, tienen algunas probabilidades de salvación. El claro mensaje enviado -con esos fallos- a la corporación gobernante, es que sus integrantes pueden seguir profanando la inocencia toda vez que se les ocurra, porque, en las islas de Epstein judiciales, la impunidad está asegurada.

Fallos recientes y no tan recientes de la justicia civil y comercial -tanto provincial como federal- se acercan a la realidad de esos bastiones de impunidad por la rapidez de la emisión de los veredictos y la endeble sustentación de sus fundamentos. En el año 2018 (Expte. Nº 82202/2018) el entonces juez del Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de Posadas, doctor Juan Carlos Sandoval -de carrera judicial meteórica en la provincia- denegó el amparo solicitado por un honesto vecino misionero que estaba siendo difamado mediáticamente, perseguido y amenazado en redes sociales por funcionarios en actividad del gobierno provincial de entonces. Con su fallo, en lugar de amparar al ciudadano en cuestión, cuyos derechos y garantías constitucionales estaban siendo vulnerados por los funcionarios políticos, habilitó la continuidad de sus actos persecutorios en un marco de total impunidad. Más tarde, en el año 2024 (Expte. 46194/2019) la juez del Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de Posadas, Carmen Helena Carbone (designada juez en un controvertido e irregular concurso del Consejo de la Magistratura denunciado por el Colegio de Abogados de Misiones) completó el salvataje de esos mismos funcionarios eximiéndolos de responsabilidad respecto de los hechos vejatorios que habían protagonizado, en un fallo vergonzoso sustentado en mentiras respecto de la verdad reflejada por los documentos oficiales, tergiversaciones de los dichos de las partes para acomodarlos al antojo de sus protegidos y desconocimiento absoluto del mérito de toda la prueba sustentada en el juicio.

En el año 2018, el Juzgado Federal de 1º Instancia en lo Civil de Posadas, bajo la firma del magistrado José Luis Casals, se expidió en el Expte. 14639/2018 rechazando la acción de precaución social promovida por el médico misionero Jorge Derna para que se frenara la vacunación con un lote de vacunas antigripales adulteradas y se permitiera la venta al público de un medicamento de probada eficacia para el tratamiento de los cuadros gripales.

Los fallos mencionados se inscriben en ese sospechoso entramado de poder que se expande dentro de los juzgados haciendo caer el ma****lo de la justicia a favor de los poderosos y no a favor del derecho. Lástima que los jueces probos –que existen aunque en menor cuantía- queden subsumidos en el entramado judicial que da soporte a esta prostitución de la justicia.

Lástima también que muchos de los magistrados que deciden apartarse del circo para comportarse como lo que deben ser: imparciales garantes de la justicia y no sus verdugos y maltratadores, terminen siendo removidos de sus cargos por el mismo poder que, alguna vez, tras concursos ejemplares o sospechados de parcialidad -como el caso de la juez Carbone- los pusiera en funciones.
Dra. Norma Nielsen
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