07/05/2026
Las amenazas en las escuelas no son “bromas” ni conductas sin consecuencias. En los últimos años se han multiplicado situaciones en las que adolescentes realizan amenazas de violencia, ataques o falsas alarmas a través de mensajes, redes sociales o incluso de manera verbal dentro de las instituciones educativas. Estas acciones generan miedo, alteran el normal funcionamiento escolar y movilizan recursos policiales, judiciales y de emergencia.
Es importante comprender que este tipo de conductas puede tener consecuencias legales serias. Aunque los adolescentes sean menores de edad, sus actos pueden dar intervención al fuero penal juvenil, a los servicios de protección de derechos y a organismos especializados. Además, debemos recordar que en el marco de la nueva ley, baja la edad y se amplía el abanico de delitos que alcanza a los adolescentes. Dependiendo de la gravedad del hecho, pueden adoptarse medidas judiciales, restricciones, seguimientos interdisciplinarios y otras intervenciones destinadas a evitar nuevos episodios.
Además, las amenazas pueden generar consecuencias económicas. Cuando una falsa alarma obliga a evacuar escuelas, movilizar policías, bomberos, ambulancias o suspender actividades, los padres o responsables legales del adolescente pueden ser demandados civilmente por los daños y gastos ocasionados. La responsabilidad parental implica también el deber de supervisar el uso de celulares, redes sociales y plataformas digitales.
La prevención comienza en el diálogo. Las familias y las escuelas deben trabajar juntas para enseñar que la violencia, incluso en forma de “chiste”, tiene impacto real sobre otras personas. También es fundamental prestar atención a cambios de conducta, situaciones de acoso, aislamiento o conflictos emocionales que puedan estar atravesando niños, niñas y adolescentes.
Las escuelas deben seguir fortaleciendo espacios de escucha, convivencia y resolución pacífica de conflictos. Educar en responsabilidad digital y en empatía es una herramienta clave para prevenir hechos que pueden afectar profundamente a toda la comunidad educativa.
Cuidar la convivencia escolar es una tarea colectiva. Una amenaza nunca es un juego cuando pone en riesgo la tranquilidad, la seguridad y el bienestar de otros.
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