04/11/2020
UNA PROPUESTA DESDE EL INTERIOR DE LA PROVINCIA QUE TOMA ESTADO PARLAMENTARIO
Referentes de las organizaciones sociales que integran la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto a abogades del Espacio Jurídico Deodoro Roca, la mesa ejecutor del ReNaBaP en Córdoba y vecinos organizados de Barrio La Perla (Alta Gracia), se reunieron este martes con el legislador provincial Mariano Lorenzo para impulsar la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional 27453 de integración Sociourbana y Regularización Dominial, mejor conocida como la Ley de Barrios Populares.
Mariano Lorenzo, militante del Movimiento Evita y legislador del Frente Hacemos por Córdoba, expresó al iniciar la reunión que el objetivo principal es “institucionalizar las luchas” que vienen dando los Movimientos Populares en un largo camino de unidad en la agenda de “tierra, techo y trabajo”. Además agregó que la adhesión “tomará estado parlamentario” y que será responsabilidad del estado en conjunto con las organizaciones que se concreten los diferentes puntos que plantea la Ley. Para cerrar expresó su preocupación por el desalojo violento en Guernica y dijo que no puede ser que a casi 40 años de Democracia el Estado no tenga saldado el acceso a la tierra.
Nicolas Calvi referente en el conflicto de La Perla, señalo la importancia que tiene que los vecinos se organicen para frenar el avance de sectores especulativos que pretenden quedarse con las tierras de los vecinos, que son los que han desarrollado un habitad en las tierras en cuestión y quienes viven en dicho barrio hace mas de 20 años. Por su parte Noelia Feldman de la mesa ejecutora de ReNaBaP Córdoba se mostro entusiasmada con la iniciativa y recordó que a quienes se le está privando de tierras hoy en día son los trabajadores que han levantado la ciudad de Córdoba, señalando el contrasentido que implica que los trabajadores de la construcción sean uno de los sujetos que menos acceso tienen a la tierra en Córdoba.
«La adhesión tiene un valor político muy grande, lo que hace es reafirmar el compromiso de la provincia con la Ley. Y el valor específico es porque hay potestades que son exclusivas de las provincias, por ejemplo las expropiaciones y el dominio de las tierras».
En cuanto a sobre qué puntos es necesario avanzar para que la propuesta sea integral y superadora dijo que hay que garantizar la apertura del Registro para la incorporación de los barrios que faltan, considerar efectivo el valor del Certificado de Vivienda Familiar ya que hay trabas, por ejemplo en EPEC, para pedir los servicios; y fortalecer la participación de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular en la obra pública para desarrollar los proyectos de infraestructura y urbanización: «Nuestros compañeros y compañeras son laburantes que levantan los edificios que no pueden usar, esta es la oportunidad para que levanten sus propios barrios».
Además resaltó la necesidad de seguir discutiendo y poner en agenda la construcción de lotes con servicios, la producción social del hábitat, producir espacios donde vivir en la ciudad y conquistar suelo para el trabajo productivo en el interior:» Que la tierra sea para quien la habita y para quien la trabaja».
Al momento de tomar la palabra los abogados del Espacio Jurídico Deodoro Roca –que son quienes defienden jurídicamente a los vecinos frente al avance de sectores especulativos-, Martin Hissa remarco que el derecho y acceso a la tierra es un Derecho Humano que posibilita el desarrollo de muchos otros derechos fundamentales sin los cuales los individuos no pueden desarrollarse. Ignacio Andrés destaco el compromiso de los distintos actores que asumieron la responsabilidad de llevar adelante esta iniciativa surgida desde abajo, a la vez que señalo que el proceso organizativo posibilito los lazos sociales entre los vecinos y que si bien hoy estaban sentados en la mesa los vecinos de Barrio La Perla, la iniciativa presentada beneficia a todo el pueblo humilde de Córdoba.
SOBRE LA LEY
En 2018 fue votada por unanimidad y entró en vigencia esta ley que propone la expropiación y urbanización de alrededor de 4.300 barrios populares, donde viven cerca de 4 millones de personas que tienen problemas en la tenencia de la tierra y sufren la falta de acceso a servicios básicos.
La iniciativa fue impulsada por diversas organizaciones sociales como CTEP, CCC, Barrios de Pie y ONG´s como TECHO. A su vez se conformó también la Mesa Nacional de Barrios Populares integrada por delegados y delegadas de todo el país.
La ley declara de utilidad pública y sujeta a expropiación las tierras de todos los barrios, el estado debe comprar las tierras privadas que significan el 60 % de las tierras relevadas. Suspende los desalojos por 4 años y establece que el 25% de las obras a realizarse sea en manos de las cooperativas de trabajo. Son 4300 barrios relevados, 850 familias, que están asentadas irregularmente hace más de 4 años. El primer paso fue la entrega del certificado de vivienda familiar, que permite la certificación del domicilio para pedir los servicios, como un primer paso para luego otorgar el título oficial a cada persona o grupo familiar.
RENABAP Y CERTIFICADO DE VIVIENDA FAMILIAR
Esta ley tiene su sustento en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), el cual fue creado oficialmente en el 2017 pero que surge anteriormente a partir de un relevamiento que realizaron los propios habitantes de los barrios populares. Esta herramienta hizo que los vecinos y vecinas accedan a un Certificado de Vivienda Familiar, a la vez que permitió mapear los barrios populares en nuestro país. Este certificado que se tramita a través del ANSES, se trata de un documento público inédito en nuestro país, que legaliza el domicilio y reconoce el derecho a la ciudad para el acceso de forma igualitaria a todos los servicios de la red pública de agua, electricidad, cloacas, etc. Además, permite exigir transporte, alumbrado público, escuelas, hospitales, recolección de residuos, centros artísticos y deportivos; todos los servicios necesarios para un buen vivir. Es decir, reconoce a los habitantes de villas y asentamientos como ciudadanos, aunque no tengan hoy el título de propiedad.
APLICACIÓN DE LA LEY
Desde la aprobación de la Ley de Barrios Populares la primera preocupación de los sectores que la impulsaron fue exigir que sea rápidamente reglamentada y obtuviera su lugar en el presupuesto nacional. Pero no fue así durante la gestión macrista. A su vez con la llegada al Gobierno de Alberto Fernández, se creó la Secretaría de Integración Socio Urbana a cargo de la militante social Fernanda Miño, cuya cartera estuvo en primer lugar en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y actualmente se encuentra en la del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Desde donde han planteado el desafío de impulsar la ejecución de los diferentes puntos de la ley, teniendo como prioridad realizar las obras para el acceso a los servicios básicos en un momento donde el contexto sociosanitario lo exige.
EN CÓRDOBA
Para llevar adelante en la provincia la gran tarea de integración sociourbana y regularización dominial de alrededor de 200 villas y asentamientos relevados, es necesario el trabajo articulado de los tres niveles del estado: Municipal, provincial y nacional.
En este sentido en el mes de agosto se sancionó la Ordenanza N° 13.053 en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, por medio de la cual la Municipalidad de Córdoba adhiere al “Régimen de Regularización Dominial para la integración socio urbana”. En la misma línea pero a nivel provincial se presenta en la Legislatura cordobesa.
El acceso al hábitat digno es un derecho, y para garantizarlo se necesita de información, planificación y ejecución de propuestas que contengan la realidad de millones de argentinos, como expresó Pablo Montes, referente del Movimiento Evita-UTEP que -las propuestas que surgen tienen que ver con la práctica y la experiencia caminada en unidad-.
Finalmente, el aporte más importante fue el de los vecinos de Barrio La Perla, que relataron en primera persona el calvario que vienen sufriendo hace mas de 10 años por parte de la Empresa María Hermanos, una empresa irregular que amenaza permanentemente con desalojarlos y judicializarlos. Armando Condori señalo la importancia de la organización de los vecinos no solo para resistir los embates de los sectores especulativos sino también para construir comunidad.
