20/07/2026
Una Justicia sin Filosofía está condenada a la arbitrariedad
Cada vez que una sociedad atraviesa una crisis judicial, la discusión suele reducirse a reformas procesales, nuevos códigos, más juzgados o mayor presupuesto. Sin embargo, pocas veces se aborda el problema esencial: la decadencia intelectual de quienes integran el sistema.
El Derecho no nació como un conjunto de formularios ni como una maquinaria burocrática. Nació de la filosofía. Antes de existir los códigos, existieron las preguntas. ¿Qué es la justicia? ¿Qué hace verdadera una decisión? ¿Cuál es el límite del poder del Estado? ¿Qué vale más: la seguridad o la libertad? Desde Platón y Aristóteles hasta Kelsen, Hart, Dworkin, Alexy y Ferrajoli, el Derecho fue siempre una disciplina del pensamiento antes que un oficio administrativo.
Hoy, en demasiados ámbitos judiciales, esa tradición parece haber sido olvidada.
La ontología jurídica pregunta qué es realmente el Derecho. Si el operador judicial cree que el Derecho es únicamente el expediente o la voluntad del funcionario de turno, ha dejado de comprender su propia función. El Derecho no existe para conservar cargos ni para satisfacer estadísticas; existe para proteger a la persona frente al abuso del poder.
La epistemología jurídica obliga a preguntarse cómo sabemos que un hecho ocurrió. Esa pregunta, que debería ser el corazón del proceso penal, muchas veces es reemplazada por intuiciones, estereotipos, presiones mediáticas o construcciones ideológicas. Karl Popper enseñó que el conocimiento científico progresa intentando refutar sus propias hipótesis. En algunos procesos sucede exactamente lo contrario: la hipótesis acusatoria parece convertirse en un dogma inmune a toda refutación.
La axiología jurídica recuerda que el Derecho protege valores superiores. La presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley no son obstáculos para condenar; son las garantías que separan un Estado de Derecho de un régimen arbitrario. Gustav Radbruch advertía que existe un punto en el que la ley deja de ser Derecho cuando renuncia completamente a la justicia.
La lógica jurídica exige coherencia argumentativa. Sin ella, las sentencias dejan de ser razonamientos y se convierten en simples actos de autoridad. Cuando una resolución ignora contradicciones probatorias, invierte la carga de la prueba o utiliza argumentos incompatibles entre sí, el problema ya no es jurídico: es lógico.
La hermenéutica jurídica enseña que interpretar no significa inventar. Interpretar una norma no autoriza al juez a sustituir la voluntad del legislador por sus preferencias personales ni a adaptar el Derecho al clima político del momento. La independencia judicial no fue concebida para crear leyes nuevas, sino para aplicar las existentes con prudencia y racionalidad.
La dogmática jurídica, finalmente, exige estudio permanente. El Derecho evoluciona todos los días. También lo hacen la medicina legal, la genética, la neurociencia, la psicología y la criminalística. Quien deja de estudiar comienza, inevitablemente, a decidir desde la costumbre.
Y allí aparece uno de los mayores problemas del sistema.
No basta con aprobar un concurso hace veinte años. No basta con ocupar un despacho. No basta con ostentar un título universitario. La autoridad intelectual debe renovarse cada día. Allí donde el mérito deja de ser una exigencia permanente, la mediocridad encuentra terreno fértil para instalarse.
La situación adquiere una gravedad aún mayor cuando intervienen disciplinas auxiliares, especialmente en el ámbito de la psicología forense. Ningún informe pericial puede convertirse en una verdad incuestionable. Toda conclusión científica debe ser verificable, metodológicamente sólida y susceptible de contradicción. El prestigio del perito jamás puede sustituir el deber crítico del juez.
El problema tampoco reside únicamente en algunos magistrados. También alcanza a sectores de la estructura administrativa cuando la rutina reemplaza a la vocación de servicio, cuando el expediente se transforma en un trámite mecánico y cuando el cargo termina siendo un refugio antes que una responsabilidad. Sería injusto extender esa crítica a todos los integrantes del sistema, porque existen profesionales de enorme capacidad y compromiso. Pero también sería ingenuo negar que la falta de capacitación continua, la escasa cultura de evaluación y ciertas prácticas de acomodamiento institucional deterioran la calidad del servicio de justicia.
Montesquieu advertía que no existe tiranía más peligrosa que la ejercida bajo el amparo de las leyes. Ronald Dworkin sostuvo que el juez debe decidir con integridad, construyendo la mejor interpretación posible del Derecho y no la más conveniente para el poder. Luigi Ferrajoli recordó que la verdadera fortaleza del juez reside en sus límites, no en su discrecionalidad.
Quizá la reforma más urgente no sea procesal ni legislativa.
Tal vez deba comenzar en las facultades de Derecho, continuar en los concursos, profundizarse en las escuelas judiciales y mantenerse durante toda la carrera de cada operador judicial.
Porque una Justicia que abandona la filosofía deja de buscar la verdad; una Justicia que deja de estudiar termina administrando inercias; y una Justicia que renuncia al pensamiento crítico corre el riesgo de convertirse, sin advertirlo, en una maquinaria burocrática capaz de aplicar la ley mientras olvida la justicia.
Eduardo J. Medina Allende.
M.P.: 1-34939
Abogado Máster en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca
