16/03/2026
Un juez de Esquel usó ChatGPT para redactar parte de una sentencia penal. Se olvidó de borrar la respuesta de la IA. La Cámara anuló todo porque en el medio de los fundamentos encontró este texto:
“Aquí tienes el punto IV reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar.”
La Camara detectó tres problemas: datos de partes y testigos volcados en una IA externa sin anonimizar, pedido expreso de omitir las citas que hacen al razonamiento jurídico, e imposibilidad de saber cuánto texto era del juez y cuánto de la máquina.
Sin el prompt -la instrucción que el juez le dio a la IA - era imposible saber si la decisión la tomó quien debía tomarla.
Las fiscales recurrieron y el STJ revocó la nulidad. Sostuvo que el sistema procesal “no somete a escrutinio directo los procesos internos de deliberación del juez, sino la motivación exteriorizada en la sentencia. La consulta de doctrina, los intercambios académicos y el empleo de herramientas de apoyo — tecnológicas o no — integran el ámbito propio de la elaboración intelectual del pronunciamiento.”
El criterio tiene un paralelo analógico que lo sostiene. En los juzgados, los empleados suelen hacer proyectos de sentencia que el juez revisa, corrige y firma. Eso no es delegación: es parte del proceso de elaboración. La IA puede cumplir el mismo rol.
Pero hay una línea que divide qué es usar IA como herramienta o delegar la decisión en una máquina.
Usar IA para organizar información, mejorar la redacción o buscar jurisprudencia es asistencia es lo primero.
Pedirle que construya el argumento que justifica una condena, que resuelva los planteos de la defensa, que decida qué pesa en la prueba, es delegación. Una IA no razona. Predice texto plausible. Delegar el criterio es un riesgo concreto.
El problema real: puede generar fundamentos que parecen impecables sin que el juez haya razonado nada. Responsabilidad sin trazabilidad es solo una declaración de principios.
