29/04/2026
La clave no es cambiar la ley, sino cumplirla y financiarla
Frente a la presentación de un proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental por parte de la gestión de gobierno nacional ante el Congreso, desde el Consejo Profesional de Trabajo Social de la Ciudad de Buenos Aires queremos expresar nuestra preocupación al respecto.
En particular, observamos con inquietud que bajo la difusión como falsas premisas como que la ley actual “no permite internar” se prevén cambios que pueden agravar la crisis en salud mental. En primer lugar, el nuevo proyecto de ley elimina la obligación de destinar el 10% del presupuesto de salud a salud mental.
Al mismo tiempo, pone por encima del resto de las profesiones a la especialidad de psiquiatría. Esto no solo degrada las capacidades de intervención de otras profesiones, como la nuestra, sino que también burocratiza y restringe el acceso a dispositivos terapéuticos, como la internación.
Esta postura es concomitante con la ofensiva al paradigma de la atención biopsicosocial, que resulta esencial para el Trabajo Social. Al sustituir la categoría de “persona con padecimiento mental” por la de “persona con trastorno mental”, se jerarquizan coordenadas biomédicas, ya que se desplazan elementos sustanciales en la construcción diagnóstica, como son los procesos de determinación social y las expresiones singulares de las personas.
Por último, habilita la creación de instituciones monovalentes que, en el marco de la oferta sanitaria, implica retroceder en infraestructura situada en los territorios y la comunidad. Esto no solo atenta contra el tipo de acceso a tratamientos, sino que también suprime la posibilidad de que las personas con padecimientos mentales puedan recibir atención en el contexto de un proceso de integración social.
Asimismo, advertimos que cualquier modificación legislativa carecerá de efectividad si no se acompaña de un presupuesto adecuado que permita la creación y sostenimiento de dispositivos intermedios y comunitarios —como hospitales de día, dispositivos habitacionales, equipos de atención domiciliaria y redes comunitarias— fundamentales para abordar las crisis de manera oportuna y evitar que la internación sea la única respuesta posible.
Reafirmamos que el principal desafío no radica en la modificación de la ley vigente, sino en su adecuada implementación, interpretación y financiamiento. Consideramos indispensable que cualquier iniciativa de reforma surja de un proceso participativo, plural y basado en la evidencia, que incluya a los equipos interdisciplinarios, usuarios, familiares y organizaciones de la sociedad civil.
Reiteramos nuestro compromiso del Trabajo Social con una atención en salud mental centrada en la persona, respetuosa de sus derechos humanos y sustentada en el trabajo interdisciplinario, pilar esencial para garantizar una asistencia integral y de calidad.
