13/06/2026
Comunicado OAG-002/2026
A la opinión pública
A la comunidad universitaria
Con relación a diversas manifestaciones hechas en redes sociales respecto del seguimiento institucional a una denuncia en contra de un estudiante de la Facultad de Medicina, esta Oficina de la Abogacía General informa:
1. Que en octubre pasado, se informó a esta autoridad sobre presuntas violaciones a derechos humanos por parte de un integrante de la Facultad de Medicina. El asunto se encausó por la vía administrativa, ya que el antecedente relacionado con este caso había sido puesto en conocimiento de la Defensoría en el 2025 por parte de integrantes de la Unidad para la Igualdad de Género y Derechos Humanos de esa Facultad. Dicha Unidad solicitó el cierre del proceso tiempo después al manifestar que el interés de la quejosa era dejar un conocimiento de hechos.
2. En noviembre de 2025, esta Oficina abrió el procedimiento administrativo de investigación radicado bajo el número OAG/AS/142/11-2025, a efecto de recabar mayores elementos, en el entendido de que sus facultades se ciñen a investigar responsabilidades estatutarias y administrativas cometidas por integrantes de la comunidad universitaria. Investigar violaciones a derechos humanos le compete a la Defensoría y en caso de tratarse de un delito, a la Fiscalía General del Estado.
3. En marzo de 2026, la autoridad investigadora emitió su informe de presunta responsabilidad, dando por concluida la etapa de investigación, en la que se encontraron elementos suficientes que hacen presumible la responsabilidad del estudiante señalado. El informe fue turnado a la autoridad substanciadora de la Abogacía General y radicado bajo el número OAG/AS/142/11-2026 para el desahogo de la etapa de instrucción, conforme a la dispuesto en la normativa aplicable.
4. En abril de 2026 la autoridad substanciadora notificó y citó a las personas involucradas para las audiencias iniciales que se desahogaron durante mayo de manera individualizada y por tanto, en varias sesiones, debido a la naturaleza de las conductas y hechos señalados. Durante esas audiencias, los comparecientes manifestaron lo que a su derecho convino y aportaron las pruebas que estimaron convenientes.
6. En junio de 2026, se solicitó el consentimiento expreso de las personas que aportaron pruebas con datos sensibles para integrarlas en el expediente y dar vista a las partes de todas las pruebas. Asimismo, se desahogaron los incidentes de previo y especial pronunciamiento promovidos por la defensa de la persona señalada.
7. El procedimiento se encuentra en la etapa de valoración y admisión de pruebas y alegatos, para después dictar una resolución y turnarla a la autoridad resolutora para la imposición de sanciones. Estando las partes involucradas informadas del estado actual que guarda el procedimiento.
De lo anterior se desprende que, la información vertida en redes sociales no corresponde al seguimiento que la institución ha dado y será la Fiscalía General del Estado quien en su momento determine lo conducente por lo que hace a la acreditación de delitos.
