07/09/2026
Lo sucedido ayer en la colonia Villa Nueva, sector 8, debería generar una seria reflexión sobre la forma en que se está manejando la seguridad pública en Honduras. Pudimos observar, a través de distintos medios de comunicación y redes sociales, cómo ciudadanos eran desplazados de manera forzosa de sus propias viviendas y cómo elementos de la Policía Nacional les brindaban apoyo para retirar sus electrodomésticos y el menaje de sus casas.
Por supuesto que la Policía debe proteger a estas personas ante una situación de riesgo. El problema es que no podemos conformarnos con que la función del Estado termine siendo acompañar al ciudadano mientras abandona su vivienda. La obligación de las instituciones de seguridad es prevenir el delito, proteger a la población y mantener el control efectivo del territorio. Si una estructura criminal tiene la capacidad de expulsar a una familia de su casa, tenemos un problema serio de seguridad y de autoridad estatal.
Esto también permite hacer una comparación con lo ocurrido en El Salvador. En mayo de 2023, después del as*****to de un agente policial en Nueva Concepción, se desplegaron más de 5,000 elementos de la Fuerza Armada y aproximadamente 500 policías para establecer un cerco de seguridad y localizar a los responsables. No estoy diciendo que Honduras deba copiar el modelo salvadoreño, ni que las autoridades deban actuar al margen de la Constitución y la ley. Lo que sí considero necesario es discutir si las políticas de seguridad que estamos aplicando tienen la contundencia necesaria para enfrentar a estructuras criminales que ejercen control sobre determinados territorios.
También considero cuestionable que la propia Policía Nacional anuncie con anticipación dónde y a qué hora realizará determinados operativos. Desde una perspectiva estrictamente operativa, esto resulta difícil de comprender. Las estructuras criminales tienen acceso a teléfonos, redes sociales y medios de comunicación. Si se informa previamente el lugar y el momento de una intervención, se puede estar facilitando que los objetivos de la operación adopten medidas para evadir la acción policial.
A esto debemos agregar las transmisiones en vivo que se realizan durante algunos de estos procedimientos. La comunicación institucional es importante, pero no puede estar por encima de la seguridad de las víctimas, testigos y ciudadanos que colaboran con las autoridades. Una persona que brinda declaraciones frente a una cámara puede quedar plenamente identificada ante miembros de estructuras criminales que posteriormente pueden tomar represalias contra ella o contra su familia.
La Policía Nacional debe revisar seriamente sus protocolos de comunicación durante los operativos. No todo lo que sucede durante una intervención policial tiene que transmitirse en tiempo real. En materia de seguridad, la información también constituye un elemento estratégico y debe manejarse con criterios de inteligencia, reserva y protección de las personas involucradas.
Y aquí es donde considero que debemos ser claros: los delincuentes no actúan con las mismas limitaciones que tiene el ciudadano honesto. No anuncian sus movimientos, no advierten cuándo van a extorsionar, amenazar o desplazar a una familia y, evidentemente, tampoco tienen consideración por las consecuencias que sus acciones generan. Por eso el Estado tiene que desarrollar mecanismos de respuesta mucho más eficientes y contundentes.
Honduras necesita políticas públicas de seguridad que vayan más allá de la reacción inmediata frente a un hecho delictivo. Se necesita inteligencia policial, investigación criminal, intervención territorial, protección de víctimas y testigos y una verdadera estrategia de desarticulación de las estructuras criminales. La presencia policial debe traducirse en resultados concretos y permanentes, no únicamente en operativos que posteriormente terminan siendo comunicados a través de las redes sociales.
No podemos normalizar que el ciudadano tenga que abandonar su vivienda porque un grupo criminal decidió que ya no puede permanecer allí. Tampoco podemos aceptar como algo normal que la Policía termine escoltando a una familia mientras retira sus pertenencias de una casa que debería estar bajo la protección del Estado. Eso debería ser una situación excepcional y temporal, no una respuesta frente al control territorial ejercido por los delincuentes.
La discusión no debe centrarse únicamente en cuántos policías participaron en un operativo o cuántas publicaciones realizó una institución. La verdadera pregunta es mucho más sencilla: ¿está el Estado recuperando el control de los territorios donde operan estas estructuras criminales? Si la respuesta es no, entonces es evidente que debemos revisar las políticas públicas que estamos implementando y adoptar medidas mucho más contundentes, dentro del marco constitucional y legal.
Porque al final del día, el ciudadano común lo único que quiere es poder vivir tranquilo en su propia casa. Y si en Honduras estamos llegando al punto en que una familia tiene que abandonar su vivienda por amenazas de delincuentes, mientras las autoridades únicamente pueden acompañarla para sacar sus pertenencias, entonces tenemos que reconocer que algo no está funcionando y que la respuesta del Estado tiene que cambiar.
