Daniel Alexander González Pérez

29/07/2026

18/07/2026

La formación jurídica de calidad se construye junto a grandes docentes. ⚖️📚

Comparte este espacio académico con Daniel González, Rolando Zhañay y Mauricio Villagrán, especialistas que te brindarán una visión práctica sobre procedimientos administrativos, recursos, control jurisdiccional y litigación efectiva en materia contencioso-administrativa.

🗓️ Inicio: 3 de agosto de 2026
💻 Modalidad: Virtual
🆓 Inscripción: Gratuita
💰 Certificación en período de descuento hasta el 5 de agosto: USD $80
👉 Inscríbete aquí: [https://forms.gle/wG7GPGDuHPH88FzR8]
⚠️ Cupos limitados.

07/07/2026

⚖️ ¿En una acción de protección contra el Estado, quién debe probar?

📌 En materia de garantías jurisdiccionales existe una regla clave: la inversión de la carga de la prueba.

Esto significa que, cuando se demanda al Estado por una presunta vulneración de derechos, no siempre corresponde al ciudadano demostrarlo todo. 🧑‍⚖️

🏛️ El Estado debe justificar que actuó conforme a la Constitución y que no vulneró derechos.

⚠️ El problema aparece cuando, en la práctica, algunos procesos terminan exigiendo al ciudadano una carga probatoria excesiva, desnaturalizando la finalidad de la acción de protección.

✅ Las garantías constitucionales existen para proteger derechos, no para convertir al ciudadano en víctima de una carga procesal imposible.

16/06/2026

⚖️ La Sentencia No. 766-17-EP/22 de la Corte Constitucional deja una idea clave:

En lo contencioso administrativo no se puede archivar una demanda por formalismos, copias simples o documentos que reposan en la entidad pública.

📌 Si el expediente está en la administración, debe ser remitido por la propia entidad.

La tutela judicial efectiva significa acceso real a la justicia, no obstáculos para el ciudadano.

03/06/2026

✅ CASO DE ÉXITO | Juicio No. 11904-2026-00020

En una acción de protección relacionada con la desvinculación de una servidora pública en estado de embarazo, obtuvimos una sentencia favorable que reconoce la importancia de la estabilidad laboral reforzada y la protección especial que ampara a las mujeres embarazadas.

Dentro del proceso, la institución accionada sostuvo que no conocía formalmente la condición de embarazo. Sin embargo, se demostró que existió comunicación previa mediante correo electrónico y que la servidora se encontraba protegida constitucionalmente por pertenecer a un grupo de atención prioritaria.

El juez aceptó la acción de protección y dispuso medidas de reparación, entre ellas el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, así como valores relacionados con la defensa y gastos judiciales.

Este caso reafirma que las instituciones públicas tienen la obligación de actuar con especial cuidado cuando se trata de mujeres embarazadas, personas con discapacidad, enfermedades catastróficas u otros grupos de atención prioritaria.

La estabilidad laboral reforzada no es una concesión ni un favor institucional: es una garantía constitucional que debe ser respetada.

Defender derechos también es hacer justicia.

Daniel González Pérez
Especialista en Derecho Público

19/05/2026

¿Sabías que la Corte Constitucional ya habló sobre la licencia de paternidad?

En la Sentencia 1150-23-JP/26, la Corte dijo algo clave: la licencia de paternidad no es un simple permiso laboral. Es una garantía para que el padre pueda cuidar, acompañar y asumir responsabilidades reales con su hijo recién nacido.

La Corte reconoció que los padres trabajadores también tienen protección laboral reforzada durante el uso de su licencia de paternidad, porque el cuidado no es solo obligación de la madre: es corresponsabilidad familiar.

Entonces, si un padre es desvinculado por ejercer su licencia o por cumplir su rol de cuidado, podrían vulnerarse derechos como el trabajo, la igualdad, la no discriminación y el derecho al cuidado.

En resumen: la paternidad también se protege constitucionalmente.

⚖️ Cuidar también es un derecho.

13/05/2026

✅ Este caso representa una victoria importante en defensa de los derechos constitucionales.

📚A través de una acción de protección, se logró demostrar que existió una vulneración de derechos derivada de actuaciones relacionadas con la extinta Ley de Integridad Pública. La sentencia favorable fue obtenida en primera instancia y posteriormente ratificada en segunda instancia, confirmando que esta garantía jurisdiccional sigue siendo una vía expedita, efectiva y adecuada cuando la administración pública afecta derechos fundamentales.

⚖️ Más allá del resultado judicial, este caso deja un mensaje claro: frente a una vulneración de derechos, existen mecanismos constitucionales que permiten exigir justicia de manera oportuna.

La acción de protección no es una vía excepcional cuando hay derechos constitucionales comprometidos; es una herramienta legítima para restablecerlos.

27/04/2026

27/04/2026

⚖️ El Estado no puede revocar, por simple decisión administrativa, un acto que ya generó derechos a favor de una persona.

Cuando un acto administrativo es favorable, la administración no puede dejarlo sin efecto de forma unilateral, arbitraria o sin acudir al procedimiento que corresponde.

📌 Si el Estado se equivocó, no puede corregir su error vulnerando derechos adquiridos, seguridad jurídica y confianza legítima.

La administración pública tiene poder, sí, pero también tiene límites.

23/04/2026

⚖️ Si fuiste desvinculado del sector público, no asumas de inmediato que ya no hay nada que hacer.

📌 Cada caso debe analizarse por separado: acción de protección, vía contencioso administrativa, tipo de nombramiento, contrato ocasional, concurso y criterios de la Corte Constitucional pueden marcar la diferencia.

🚨 No todas las desvinculaciones están bien hechas.

✅ Infórmate, revisa tu caso y actúa con criterio jurídico.

📞Contacto: 0982564568