29/09/2020
Un casi unánime rechazo de todos los sectores de Costa Rica generan hoy los nuevos impuestos incluidos en una propuesta gubernamental de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Denominada Plan para equilibrar las finanzas públicas, la propuesta oficial busca recibir un crédito del FMI por mil 750 millones de dólares, en partes iguales durante tres años, para paliar los efectos de la Covid-19 y contempla, entre otros, impuestos a todas las transacciones financieras y a los salarios superiores a mil 400 dólares mensuales.
Poco después que el Gobierno revelará este jueves ese plan -el cual debe ser aprobado primero por la Asamblea Legislativa-, las críticas y oposición a buena parte de las acciones inundaron las redes sociales, al estimar que una vez más el Estado carga en las empresas y trabajadores, sin reducir su gasto público.
Entre los más radicales oponentes a ese Plan está el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Albino Vargas, quien afirmó que el monto del crédito que espera del FMI puede obtenerlo el Gobierno sin necesidad de someterse a las condiciones leoninas de esa entidad financiera internacional.
Vargas indicó que esa cantidad de dinero llegaría a las arcas estatales eliminando la evasión y la elusión fiscal de las grandes empresas, calculada en el ocho por ciento del Producto Interno Bruto, mientras con su propuesta solo obtendrá el seis por ciento.
Economistas consultados por varios medios de prensa coinciden en criticar con mayor fuerza el impuesto del 0,3 por ciento a todas las transacciones financieras, al estimar que va contra la bancarización impulsada en los últimos años y, sobre todo, recuerdan que aplicado en algunos países provocó desbancarización y fuga de capitales.
Citado por el Diario Extra, el economista Eliécer Feinzaig apuntó que hubiera deseado ver un plan de simplificación de la estructura institucional del Estado con fusión de programas y cierre de entidades obsoletas, mientras Gerardo Corrales considera que el plan genera un efecto recesivo sobre las empresas y los trabajadores.
Desde la semana pasada, las 34 agrupaciones sindicales del país le dijeron al Ejecutivo que están en contra de esa negociación con el FMI, mediante una caravana vehicular de protesta, bajo el lema ‘áCosta Rica no se vende, Costa Rica se defiende!’.
En resumen, para la mayoría de los consultados por los medios de prensa locales, las medidas del Plan para obtener ese crédito del FMI aumentarán la pobreza, la desigualdad, la evasión fiscal, el desempleo y la informalidad en Costa Rica.
