14/06/2022
Una gran noticia para la administración de justicia y la descongestión de los despachos judiciales, es la entrada en vigencia de la Ley 2213 de 2022. En Qualo Abogados, queremos destacar sus aspectos más importantes.
La ley adopta como permanentes las disposiciones del Decreto 806 de 2020, haciendo énfasis en el derecho a la igualdad del que gozan los usuarios de la justicia, en especial quienes no cuentan con las herramientas para el uso adecuado de TICs, las zonas que carecen de conectividad y población vulnerable.
Así, se estableció como regla general y de manera permanente la virtualidad en la administración de justicia y se dispuso que la presencialidad se garantizará atendiendo a circunstancias excepcionales, siempre que las partes o el juez hayan manifestado los motivos por los cuales no es posible adelantar las diligencias haciendo uso de las TICs.
Uno de los temas más polémicos respecto de la justicia digital, fue su implementación en los procesos penales. Pues bien, la ley 2213 de 2022 dispuso que el uso de TICs en ésta área quedará sometido al arbitrio del juez o magistrado, según sea el caso, y aclaró que la práctica de pruebas en el ámbito penal se llevará a cabo, por regla general de manera presencial, y excepcionalmente se practicará pruebas virtuales.
Finalmente, se ratificó lo dispuesto en la sentencia C-420 de 2020, por medio de la cual, la Corte Constitucional señaló que el cómputo de términos iniciará desde el momento en que sea posible constatar el acceso del destinatario a los mensajes de datos, y no desde la fecha de su envío al correo electrónico del destinatario.
Queremos resaltar la importancia de la implementación de las tecnologías de la información en los procesos judiciales como una medida necesaria para garantizar el derecho al acceso a la administración de justicia, y hacemos énfasis en la necesidad de ajustar las normas a la realidad colombiana, siendo imperativa la capacitación de los ciudadanos, funcionarios y abogados en el uso de éstas herramientas, la simplificación de los trámites digitales y el adecuado uso de la tecnología en el curso de los procesos judiciales.
