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Jurisprudencia en Acción / SABER, Santa Cruz de la Sierra (2026)

08/05/2026

1. La Ratio Decidendi: El Corazón del Fallo
La verdadera esencia (o ratio decidendi) de esta sentencia radica en la obligación del juzgador de abandonar la valoración estándar y adoptar una valoración probatoria reforzada con enfoque diferencial e interseccional.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) establece que la edad de una persona (60 años o más) no es solo un dato biográfico, sino un factor que altera la carga de la prueba y la interpretación de los riesgos procesales. El fallo enseña que la detención preventiva para un adulto mayor debe ser la última ratio absoluta, interpretada de forma restrictiva y siempre supeditada a un test de proporcionalidad que considere la degradación de la salud y la dignidad del individuo.
2. Aportes Esenciales al Uso del Derecho
Esta sentencia aporta tres pilares disruptivos que todo abogado penalista en Bolivia debe invocar:
• El Fin del Formalismo Absurdo: El TCP califica como "irrazonable" exigir a un anciano requisitos laborales propios de un joven (como contratos con reconocimiento de firmas, NIT del empleador o vigencia en Fundaempresa) para desvirtuar el riesgo de fuga. Reconoce que un adulto mayor está, por naturaleza, en una etapa de inactividad laboral.
• La Presunción de Veracidad en Salud: Establece que los informes médicos y certificaciones sobre la salud de un adulto mayor deben g***r de una presunción de veracidad y tener incidencia directa e inmediata en el fallo, debido a la vulnerabilidad intrínseca de este grupo.
• Discriminación Interseccional: Introduce el concepto de que un adulto mayor preso sufre una "discriminación múltiple" (por edad y por situación de privación de libertad), lo que obliga al Estado a generar medidas alternativas de forma prioritaria.
3. ¿Cuándo usar esta sentencia en defensa?
Usted debe plantear la SCP 0010/2018-S2 como fundamento principal en los siguientes escenarios:
A. Ante la exigencia de "Actividad Lícita" (Art. 234.1 CPP): Si el fiscal o el juez argumentan que su cliente de más de 60 años no tiene un trabajo formal o que su contrato "carece de formalismos". Use esta sentencia para demostrar que exigirle a un anciano de, por ejemplo, 78 años, que acredite un empleo activo es una exigencia de imposible cumplimiento que vulnera el principio de razonabilidad.
B. Para neutralizar el "Riesgo de Fuga" por falta de arraigo social (Art. 234.2 CPP): Cuando se pretenda mantener la detención porque el imputado vive solo o no tiene un entorno familiar amplio. La sentencia es clara: la soledad o falta de familia en la vejez es una realidad social, no un indicio de fuga, y no puede ser atribuible al imputado para perjudicar su libertad.
C. En audiencias de Cesación por Enfermedad o Vulnerabilidad: Si su cliente padece afecciones crónicas. Invoque el enfoque de valoración reforzada. El juez no puede simplemente "leer" el certificado médico; debe valorarlo bajo la premisa de que la vida y la salud del adulto mayor priman sobre la necesidad del proceso.
D. Al impugnar una Resolución carente de Proporcionalidad: Si el auto de vista o la resolución del juez de instrucción se limita a citar los riesgos procesales sin explicar por qué una fianza o un arresto domiciliario no serían suficientes. Esta sentencia obliga a realizar un test de proporcionalidad en tres pasos (idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto) antes de ordenar la detención.
4. El "Tip" Estratégico para el Litigante
No se limite a citar el número de sentencia. En audiencia, enfatice que el juez tiene la obligación convencional (bajo la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores) de promover medidas alternativas.
Recuerde al tribunal que, según este fallo, el principio de favorabilidad (Art. 7 del CPP y 116.I de la CPE) debe aplicarse con mayor rigor cuando existe duda sobre la necesidad de la medida restrictiva en una persona de la tercera edad.

07/05/2026

La Sentencia Constitucional Plurinacional 0056/2014-S1 es una "bala de plata" cuando el adversario confunde su derecho propietario con una licencia para el atropello, analizado para que aporte valor real a tu estrategia de defensa.
La Ratio Decidendi: El Corazón del Fallo
La ratio decidendi (razón de la decisión) de esta sentencia establece que la titularidad de un derecho (como el de propiedad) no faculta a ninguna persona, sea autoridad o particular, a ejercer justicia por mano propia.
El Tribunal determina que el acceso a servicios básicos —específicamente la electricidad— es un derecho fundamental autónomo y vital. Por tanto, cualquier corte de suministro realizado de forma unilateral y arbitraria ("medida de hecho") es ilegal, incluso si existe un incumplimiento contractual o una deuda pendiente por parte del usuario. La justicia no puede prescindir de los procedimientos legales establecidos por el ordenamiento jurídico.
Desglose:
1. La Excepción a la Subsidiariedad por Medidas de Hecho Normalmente, el Amparo Constitucional exige agotar vías previas. Esta sentencia ratifica una excepción vital: cuando existen medidas de hecho (actos arbitrarios que desconocen instancias legales), se debe otorgar tutela directa e inmediata. No necesitas que tu cliente espere años en un proceso civil de daños si le han cortado la luz hoy.
2. Los Servicios Básicos como Derechos "Puente" La sentencia enseña que privar de electricidad no es solo un tema de "luz"; es un ataque a la dignidad, la salud y la vida. En el caso concreto, se valoró incluso la descomposición de víveres como una afectación a la subsistencia familiar. Esto eleva un conflicto civil (alquileres) a un rango constitucional de protección preferente.
3. Irrelevancia del "Derecho Aparente" del Agresor El fallo es contundente: aunque el dueño del inmueble tenga la razón jurídica sobre la desocupación o el pago de alquileres, no puede usar la fuerza o el corte de servicios como mecanismo de presión. Debe acudir a la justicia ordinaria (proceso de desalojo) y esperar una sentencia ejecutoriada.
¿Cuándo usar esta Sentencia en Defensa de un Imputado o Acusado?
En el ámbito penal boliviano, esta sentencia es un escudo procesal potente en los siguientes escenarios:
• En Procesos de Avasallamiento o Despojo: Si tu cliente está siendo procesado penalmente por despojo, pero la "víctima" (el denunciante) ha cortado los servicios básicos o ha cercado el predio por la fuerza para "presionar" la salida, puedes invocar esta sentencia. Sirve para demostrar que el denunciante está ejerciendo medidas de hecho, lo cual puede desvirtuar la supuesta "posesión pacífica" que alega o incluso fundamentar una denuncia por ejercicio indebido de facultades o acciones arbitrarias.
• Ante Medidas Cautelares de Carácter Real: Si en un proceso penal se pretende usar medidas que priven de servicios básicos al imputado en su vivienda bajo el pretexto de asegurar resultados, esta SCP blinda el domicilio. El derecho a la vivienda y servicios básicos es irrenunciable mientras no exista orden judicial expresa de desapoderamiento.
• En casos de "Justicia por Mano Propia": Si el imputado es acusado de algún delito, pero antes de su aprehensión legal fue objeto de cortes de servicios o expulsión violenta por parte de particulares (vecinos o propietarios), usa esta sentencia para establecer que se vulneró el debido proceso desde el inicio. Las medidas de hecho contaminan la legalidad de las actuaciones posteriores.
Aporte Sustancial al Uso del Derecho
Esta sentencia nos enseña que en Bolivia el Estado de Derecho proscribe la autotutela violenta de los derechos. Para el abogado litigante, el aporte esencial es el cambio de enfoque: ya no discutimos solo el contrato de alquiler o la propiedad; discutimos la prohibición constitucional de la arbitrariedad.
Si un cliente te busca porque su arrendador le quitó el medidor, no pierdas tiempo en una conciliación civil que tardará semanas. Aplica la SCP 0056/2014-S1 y activa la Acción de Amparo Constitucional solicitando la restitución inmediata del servicio, fundamentando que la protección de la justicia ordinaria resultaría tardía ante un daño irremediable a la dignidad humana.

06/05/2026

El análisis de la Ratio Decidendi de la SCP 0353/2018-S2 trasciende la simple revisión de formas procesales; esta sentencia consolida un estándar de interpretación obligatoria en Bolivia sobre la intersección entre el debido proceso y la protección de sujetos vulnerables.
Los aportes esenciales al ejercicio del derecho penal y constitucional en esta sentencia se dividen en tres pilares fundamentales:
1. El Estándar de "Relevancia Constitucional" en la Motivación
La sentencia aplica la modulación introducida por la SCP 0014/2018-S2. El aporte sustancial aquí es que no toda falta de fundamentación o motivación da lugar a la concesión de tutela.
• La Regla: Para que el Tribunal Constitucional anule una resolución por falta de motivación, el accionante debe demostrar que la omisión tiene una incidencia directa en el fondo de la decisión.
• Efecto Práctico: Si el error es puramente formal (como una transcripción errónea de un artículo) o si, aun corrigiendo la motivación, el resultado (la detención) sería el mismo debido a otros riesgos procesales concurrentes, la tutela debe denegarse. Esto evita que la Acción de Libertad se convierta en un mecanismo de revisión de "estilo" judicial sin impacto real en la situación jurídica.
2. La Prevalencia de la Declaración de la Víctima en Delitos Sexuales
Este es quizás el aporte más pragmático para el litigio. La sentencia eleva la declaración de la víctima menor de edad a la categoría de prueba indiciaria esencial que puede, por sí sola, sostener la probabilidad de autoría (art. 233.1 del CPP).
• Presunción de Verdad: Basándose en el art. 193.c del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), la sentencia establece que el testimonio del menor debe considerarse cierto mientras no se desvirtúe objetivamente.
• Irrelevancia de la Prueba Médica: Siguiendo el estándar de la Corte IDH (Caso Espinoza Gonzales vs. Perú), la ratio establece que la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración.
• Inconsistencias No Sustanciales: Las contradicciones menores en el relato de la víctima no pueden usarse para invalidar su testimonio, dadas las imprecisiones naturales por la edad y el trauma.
3. El Peligro Efectivo (234.10 CPP) bajo Perspectiva de Género
La sentencia redefine cómo se debe verificar el riesgo procesal de "peligro para la víctima".
• Verificación Material vs. Subjetiva: Aunque el peligro debe ser "materialmente verificable" (existente y real), en casos de violencia sexual o de género, la "verificación" no requiere un acto de agresión posterior.
• Criterio de Vulnerabilidad: El riesgo se da por activado analizando la situación de desventaja de la víctima frente al imputado, las características del delito y la conducta previa o posterior del agresor.
En conclusión, esta sentencia enseña que el derecho penal moderno en Bolivia debe aplicar un razonamiento integral y armonizado. No se puede exigir una motivación perfecta si el resultado es legalmente inevitable, ni se puede ignorar la vulnerabilidad de la víctima exigiendo pruebas físicas que la naturaleza del delito muchas veces no deja.
Desde una perspectiva de defensa técnica crítica, esta ratio decidendi plantea un desafío casi ontológico al principio de presunción de inocencia. Al establecer que el testimonio es "cierto mientras no se desvirtúe objetivamente", el Tribunal Constitucional está, en la práctica, desplazando la carga de la prueba hacia el imputado. Ya no basta con que el Ministerio Público pruebe la culpabilidad; ahora es la defensa la que debe "destruir" una verdad preestablecida por la condición de vulnerabilidad de la víctima.

05/05/2026

Desglose de la sentencia constitucional plurinacional Nº1374/2014 de 7 de julio
1. La ratio decidendi (la razón de la decisión) en esta sentencia se fundamenta en el Principio de Subsidiariedad vinculado a la validez de las notificaciones.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) establece que, cuando un litigante considera que una notificación es inválida o irregular, antes de interponer un recurso de apelación incidental o una acción de amparo, tiene la obligación ineludible de activar el Incidente de Nulidad de Notificación ante el juez de la causa.
La decisión de denegar la tutela se basa en que los accionantes, al ser notificados dos veces, intentaron validar la segunda notificación simplemente presentando la apelación fuera del plazo de la primera. El TCP determina que, al no haber interpuesto el incidente de nulidad contra la primera notificación (la de marzo), los accionantes permitieron que ese acto procesal se consolidara, perdiendo así el derecho a reclamar la vulneración del debido proceso en la justicia constitucional.
2. La Ratio Essendi: El alma y aporte de la sentencia
La ratio essendi (la razón de ser o esencia jurídica) de esta sentencia radica en el equilibrio entre el derecho a la defensa y el principio de seguridad jurídica y celeridad.
El aporte fundamental para los abogados es la confirmación de la "Finalidad del Acto":
• Validez sobre la forma: Una notificación, por más defectuosa que sea en su forma, es válida si cumple con su finalidad (hacer conocer la resolución al destinatario) y no causa indefensión real.
• Carga de Diligencia: El abogado tiene la carga de ser vigilante. La sentencia enseña que la justicia constitucional no está para subsanar descuidos técnicos o la falta de uso de los medios de defensa ordinarios (los incidentes).
• Orden Procesal: Establece una jerarquía de reclamos. No se puede saltar etapas; el "juez natural" debe tener siempre la primera oportunidad de corregir sus propios errores mediante la vía incidental.
3. Desglose para entender la Sentencia (Punto por punto)
El conflicto de las dos notificaciones: Todo surge en un proceso por despojo. Se rechaza una excepción de incompetencia y el juzgado comete un error de "desorden": notifica a los imputados el 25 de marzo de 2013 en su domicilio procesal, y luego vuelve a notificarlos el 2 de mayo en secretaría.
La trampa del plazo: Los abogados defensores esperaron a la segunda notificación para apelar, creyendo que el plazo se había "renovado". Sin embargo, los Vocales de la Sala Penal Segunda de La Paz validaron la primera notificación de marzo, declarando que la apelación presentada en mayo era extemporánea (fuera de los tres días que manda el Art. 404 del CPP).
El error en la estrategia de Amparo: Al llegar al Amparo Constitucional, los accionantes alegaron que la primera notificación fue irregular. Pero el TCP descubrió que, aunque los imputados sí habían presentado un incidente de nulidad de notificaciones en abril, este era sobre una diligencia distinta (del 9 de abril) y no sobre la cuestionada del 25 de marzo.
La conclusión del TCP: Como los abogados nunca atacaron formalmente la notificación del 25 de marzo mediante un incidente específico de nulidad, el sistema judicial la da por buena. Al estar "viva" esa notificación, el plazo para apelar venció en marzo, y el Amparo no puede revivir plazos mu***os por negligencia.
4. Esta sentencia debe ser como un protocolo de actuación:
• Para la Defensa Técnica: "Colega, si usted ve que lo notificaron mal, no se confíe esperando una nueva notificación o apelando directamente. La SCP 1374/2014 le obliga a meter un Incidente de Nulidad inmediatamente. Si no lo hace, está aceptando tácitamente que la notificación es buena y su plazo para apelar está corriendo".
• Para oponerse a recursos de la contraparte: "Si el fiscal o el querellante presentan una apelación tarde alegando que no sabían de la resolución, use esta sentencia. Demuestre que hubo una notificación previa y que, al no haber sido incidentada de nulidad, es plenamente válida para computar el plazo de abandono o extemporaneidad".
• En la redacción de memoriales: Úsela para fundamentar el Principio de Subsidiariedad. Es la cita perfecta para demostrar que la jurisdicción constitucional es de "última ratio" y que se debe respetar el procedimiento incidental penal antes de pedir tutela constitucional.
En definitiva, la SCP 1374/2014 aporta claridad sobre la convalidación de los actos procesales. Nos dice que, en materia penal boliviana, el silencio ante una notificación defectuosa se paga con la pérdida del derecho a impugnar.

24/02/2026

1. La Ratio Decidendi (El núcleo del fallo)
En este caso, el accionante (imputado por abuso sexual a su hija) argumentaba que, al haber fallecido la víctima, el certificado de defunción probaba el fin de su personalidad jurídica (Art. 2 Código Civil) y, por ende, la imposibilidad material de influir negativamente sobre ella o de que exista un peligro de fuga basado en su protección (Arts. 234.7 y 235.2 CPP).
La Ratio de los Magistrados: El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) establece que el certificado de defunción no es un elemento idóneo, por sí solo, para desvirtuar los riesgos procesales preexistentes. La razón jurídica estriba en que el fallecimiento de la víctima no anula retroactivamente el hecho imputado ni el comportamiento procesal y material del agresor. La asimetría de poder, el entorno de intimidación familiar y el riesgo de obstaculizar la averiguación de la verdad histórica de los hechos (que ahora recae enteramente sobre el Estado) persisten a pesar de la ausencia física de la víctima. Quien pide la cesación (Art. 239.1 CPP) tiene la carga material de desvirtuar los motivos que originaron la detención, y la simple muerte de la víctima no borra la conducta obstructiva o el riesgo de fuga del imputado.
2. El Obiter Dicta (Dichos de paso)
En esta sentencia, el obiter dicta se centra en:
• La Perspectiva de Género e Interseccionalidad: El Tribunal hace una amplia disertación (apoyándose en la SCP 0001/2019-S2) sobre cómo las autoridades deben aplicar un enfoque diferencial al juzgar. Hablan de la vulnerabilidad múltiple de la víctima (niña, mujer, hija del agresor).
• El Rol del Estado frente a la Violencia Estructural: El TCP reflexiona que el Estado no puede usar formalismos (como el Art. 2 del Código Civil sobre el fin de la personalidad) para evadir su responsabilidad de sancionar la violencia de género. Permitir la liberación del imputado por un "formalismo civil" enviaría un mensaje de impunidad estructural.
3. La Postura y Opinión de los Magistrados
Los magistrados del TCP adoptaron una postura de "autocontención judicial" mixta con "activismo de derechos humanos":
1. Límites de la Jurisdicción Constitucional: Fueron enfáticos en que el Amparo Constitucional no es una instancia de apelación adicional (no es una tercera instancia). Los magistrados opinaron que no les corresponde a ellos decir si el certificado de defunción desvirtúa o no un riesgo procesal (eso es labor de los jueces penales). Su única labor era verificar si los vocales de apelación habían "motivado" y "fundamentado" correctamente su rechazo.
2. Validación de la Sana Crítica: Los magistrados opinaron que el Tribunal de alzada actuó correctamente al usar la "sana crítica" para concluir que la muerte biológica no enerva la gravedad del hecho ni el riesgo latente de obstaculización en el entorno familiar.
3. Prioridad del Interés Superior: Opinaron que, incluso tras la muerte, el "Interés Superior de la Niña" sobrevive en la obligación de alcanzar la justicia y la verdad material.

12/02/2026

Análisis técnico-jurídico de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0979/2021-S4 del 6 de diciembre de 2021.
Esta sentencia es de suma relevancia porque aborda la protección de derechos fundamentales frente a decisiones arbitrarias de entidades particulares (en este caso, un sindicato) y establece excepciones procesales cruciales basadas en la vulnerabilidad.
1. Desglose Fundamental de la Sentencia
• Hechos Motivantes: Al accionante se le entregó un memorándum de expulsión sin previo aviso, sin proceso interno previo, sin derecho a la defensa y sin haber sido notificado de ninguna acusación o prueba en su contra. Los demandados (presidente y vicepresidente del Tribunal de Honor) alegaron faltas graves como deslealtad y sabotaje, pero sin sustento procesal.
• Derechos Vulnerados: El Tribunal identifica la lesión de los derechos al debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia y al trabajo.
• Decisión del Tribunal: Se concede la tutela, dejando sin efecto la expulsión y ordenando la restitución inmediata del accionante a su fuente laboral mientras se sustancie un proceso legal respetando sus garantías.
2. Excepciones a la Subsidiariedad
En el derecho constitucional boliviano, el Amparo es subsidiario (solo procede si no hay otros recursos). Sin embargo, esta sentencia fundamenta una excepción a la subsidiariedad:
• Grupos Vulnerables: El accionante acreditó que su hijo menor de edad padece ceguera total irreversible. La jurisprudencia constitucional (modulada desde la SC 1422/2004-R) permite obviar el agotamiento de recursos internos cuando la falta de tutela inmediata podría causar un daño irreparable a una persona con discapacidad o a quien la tiene bajo su cargo y dependencia económica.
• Inmediatez de la Protección: Debido a que la expulsión privaba al padre de su sustento económico (trabajo), el Tribunal determinó que exigirle apelar ante instancias nacionales del gremio sería tardío e ineficaz para proteger el derecho a la subsistencia del menor discapacitado.
3. Ratio Essendi (Razón de la Decisión)
La ratio essendi o núcleo de la decisión se centra en que: "Ninguna sanción, sea en el ámbito judicial, administrativo o disciplinario particular, puede ser impuesta sin la existencia de un debido proceso previo".
El Tribunal establece que:
1. El debido proceso tiene una triple dimensión: es derecho, principio y garantía.
2. Incluso las asociaciones privadas (como sindicatos) están obligadas a respetar la Constitución. No pueden ejercer una "justicia directa" o arbitraria sin antes oír al acusado y permitirle presentar pruebas.
4. Fundamentación del Tribunal
El Tribunal fundamenta su fallo en los siguientes pilares:
• Principio de Legalidad y Debido Proceso: Citando los Arts. 115.II y 117.I de la CPE, sostiene que el Estado garantiza que nadie sea condenado sin haber sido oído y juzgado.
• Derecho a la Defensa: Define la defensa como una "potestad inviolable" para presentar pruebas y recursos. En este caso, el Tribunal de Honor del sindicato actuó al margen de sus propios reglamentos al no instaurar un proceso formal.
• Presunción de Inocencia: El accionante fue tratado como culpable sin una resolución ejecutoriada tras un proceso justo.
• Derecho al Trabajo: Al ser el trabajo el medio para subvenir necesidades familiares, el Estado le otorga protección especial, especialmente ante despidos intempestivos e injustificados.

10/02/2026

Analisis de la sentencia Constitucional Nº0825/2019-S4
El Tribunal explica que esta modalidad busca acelerar los trámites judiciales cuando existen dilaciones indebidas. Los magistrados enfatizaron que:
• Toda decisión vinculada a la libertad debe ser tramitada, resuelta y efectivizada con la mayor celeridad.
• El valor "libertad" obliga al juez a dar una respuesta (positiva o negativa) en plazos razonables, sin usar formalismos como excusa.
Identificación de Actos Dilatorios
Los magistrados fueron muy claros al explicar qué conductas de los jueces son consideradas vulneraciones a la Constitución:
• Traslados innecesarios: Disponer notificaciones o trámites no previstos específicamente por la ley que frenan el proceso.
• Plazos irrazonables: Para la cesación a la detención preventiva, el plazo debe ser de un máximo de 3 a 5 días, dependiendo de la complejidad (distancias, múltiples partes).
• Suspensión por inasistencia: Explicaron que la audiencia no debe suspenderse por la falta del Fiscal o la víctima si están legalmente notificados.
El Rol de las Partes Notificadas
Conforme a lo explicado por los magistrados en esta sentencia:
• Ministerio Público: Se rige por el principio de unidad; si un fiscal no puede ir, la institución debe enviar a otro.
• Querellante/Víctima: Su participación es potestativa (opcional). Si fueron notificados y no asisten, el juez debe proseguir con la audiencia porque la formalidad legal ya fue cumplida.
¿POR QUÉ NO SE PUEDE SUSPENDER LA AUDIENCIA POR INASISTENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO O LA PARTE CIVIL?
Según la jurisprudencia citada en esta sentencia (específicamente la SC 0078/2010-R), la inasistencia de estas partes no es causal de suspensión por las siguientes razones legales y constitucionales:
A. El Principio de Celeridad y el Valor Libertad
En materia de medidas cautelares, el derecho a la libertad (aunque esté restringido) exige que el Estado tramite las solicitudes con la mayor celeridad posible. El TCP establece que el detenido tiene derecho a ser escuchado oportunamente para obtener una respuesta, ya sea positiva o negativa.
B. Carácter "Potestativo" de la Asistencia del Querellante
La sentencia aclara que, una vez que el querellante o la víctima han sido legalmente notificados, su participación en la audiencia es potestativa (opcional). Por lo tanto, su ausencia no vincula ni obliga al juez a suspender el acto, pues la formalidad de darles la oportunidad de ser oídos ya se cumplió con la notificación.
C. El Principio de Unidad del Ministerio Público
En el caso de los fiscales, el Ministerio Público se rige por el principio de unidad. Esto significa que, si el fiscal asignado no puede asistir, la institución tiene los medios para enviar a otro representante. Su inasistencia injustificada se considera un acto dilatorio atribuible al Estado que no debe perjudicar al imputado.
D. Representación Legal Suficiente
En este caso específico, el menor (víctima) ya estaba representado por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y por el propio Ministerio Público, quien es el titular de la acción penal pública. Exigir la presencia o notificación personal del padre biológico (quien ni siquiera se había apersonado al proceso) se consideró un "traslado innecesario" que vulneraba el debido proceso.

09/02/2026

Buenas tardes a todos los profesionales en derecho, a continuacion se hace llegar un desglose a la SCP 0819/2019-S2 que determina:
La sentencia aclara que el Fiscal no puede usar la "desestimación" (que es una fase de admisión rápida) como si fuera un "rechazo" (que ocurre después de investigar).
• Referencia textual: "la previsión del art. 55 de la LOMP [desestimación], no puede equipararse al rechazo de denuncia establecido en el art. 304 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por cuanto, queda claro que la desestimación no proviene de ninguna investigación".
2. La imposibilidad de declarar "Atipicidad" sin investigar
El punto central que le favorece es que la sentencia prohíbe a los fiscales decir que un hecho es "atípico" (que no es delito) basándose solo en la lectura de la denuncia, ya que para determinar eso se necesitan pruebas que solo se obtienen investigando.
• Referencia textual: "...menos podría determinar la existencia o no de los elementos constitutivos del tipo penal para poder establecer la atipicidad del hecho denunciado, al no tenerse los elementos necesarios para efectuar el juicio de tipicidad o juicio de adecuación... salvo en casos muy excepcionales y extremadamente evidentes".
• Referencia textual adicional: "no podría determinarse la desestimación por falta de elementos necesarios de convicción; puesto que, es lógico que estos solo podrán ser obtenidos en una etapa investigativa y no en una etapa de admisibilidad...".
3. El carácter arbitrario de la desestimación por análisis de fondo
La sentencia señala que si un fiscal hace un análisis profundo de los delitos sin haber realizado diligencias, su decisión es discrecional y arbitraria.
• Referencia textual: "...al no existir ninguna investigación el fiscal se encuentra impedido de manifestarse sobre ello, caso contrario su decisión sería discrecional y por ende arbitraria".
• Referencia textual aplicada al caso: "vale decir, se hace un análisis de fondo de los delitos denunciados, sin que haya existido una investigación previa que determine y arroje los elementos de convicción necesarios... se constituye en arbitrario".
4. La obligación de otorgar plazo para subsanar
Si la denuncia no es clara, el fiscal tiene la obligación legal de dar 24 horas para corregirla, en lugar de desestimarla directamente.
• Referencia textual: El artículo 55.II de la LOMP citado en la sentencia dice que si no hay una relación fáctica clara "se otorgará el plazo de 24 horas para subsanarla bajo alternativa de tenerla por no presentada".

01/11/2025

Sentencia Constitucional Plurinacional 0259/2025-S2
1. Desglose y Resumen Pormenorizado de la Sentencia
· Existe un acta de compromiso y entrega del menor suscrita ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que el padre alega como sustento para la tenencia actual.
· Petitorio de la Acción de Libertad: Que se ordene la restitución inmediata del menor a la madre.
· Decisión de la Instancia Inferior (Sala Constitucional Departamental): Se denegó la tutela.
· Decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP): Se confirma la resolución que denegó la acción de libertad. No se pronuncia sobre el fondo del conflicto.
2. Ratio Decidendi (Fundamento Jurídico Esencial)
El núcleo de la decisión del TCP se basa en la improcedencia de la vía constitucional (Acción de Libertad) para resolver conflictos de guarda y tenencia de menores de edad cuando existen hechos sustanciales controvertidos que requieren una valoración probatoria compleja.
La sentencia establece que:
1. La justicia constitucional carece de una etapa probatoria amplia. No está equipada para realizar inspecciones, recibir testimoniales, ordenar pericias psicológicas o ponderar las repercusiones positivas o negativas de una decisión en un menor, elementos esenciales para determinar su Interés Superior.
2. La decisión sobre situaciones de menores corresponde a jueces especializados en la materia (jueces de familia o de la niñez y adolescencia), en cumplimiento de compromisos internacionales. La vía penal, a través de medidas de protección, puede actuar de manera excepcional, pero dichas medidas deben ser confirmadas a la brevedad posible por el juez especializado.
3. Activar la acción de libertad en estos casos podría generar "cosa juzgada" en perjuicio del menor, al tomar una decisión definitiva sin la información suficiente, lesionando su derecho a una tutela judicial efectiva.
En conclusión, la Ratio Decidendi es: Cuando la definición de la guarda, tenencia o régimen de convivencia de un menor de edad depende de la resolución de hechos controvertidos que exigen una producción probatoria especializada, la Acción de Libertad no es el mecanismo idóneo. Las partes deben agotar las vías ordinarias previas (judiciales especializadas o defensoriales) so pena de que la acción sea denegada.
3. Utilidad y Aplicación de la Sentencia (Para qué casos y delitos sirve)
Esta sentencia es un precedente vinculante de suma utilidad para:
· Defensas en casos de Violencia Familiar o Doméstica (Ley 348): Un abogado defensor, cuyo cliente (padre/madre) es acusado de sustraer a un menor, puede utilizar este precedente para:
· Impugnar la procedencia de una Acción de Libertad, argumentando que la controversia sobre los presuntos actos de violencia y el interés del menor debe ventilarse en el proceso penal y/o ante el juez de familia, no vía constitucional.
· Sustentar que la retención del menor está (o podría estar) justificada por una medida de protección dictada en el marco de un proceso penal o por una defensoría, y que corresponde a dichas instancias resolver el fondo.
· Estrategias en Conflictos de Tenencia: Para disuadir a la contraparte de intentar una vía rápida como la Acción de Libertad, demostrando que si existe una controversia sobre la idoneidad del titular de la guarda (avalada, por ejemplo, con una denuncia penal o informes defensoriales), el TCP likely denegará la acción.
· Delimitación de Competencias: Para clarificar ante los clientes y otros operadores de justicia que la vía constitucional no es un atajo para resolver conflictos complejos de familia que requieren una investigación profunda.
4. Criterios Oportunos conforme a los Derechos Alegados como Violados
La sentencia no se pronuncia sobre si hubo o no violación de derechos en el caso concreto, pero establece criterios procesales cruciales:
· Derecho a la Libertad y Comunicación del Menor (Arts. 23 y 60 CPE): El TCP no desconoce la posible afectación de estos derechos. Sin embargo, prioriza la garantía del "Interés Superior del Niño" como principio rector. Determinar qué es lo mejor para el menor (si restituirlo a la madre o mantenerlo con el padre bajo medidas de protección) es una cuestión de fondo que excede la competencia de la acción de libertad. La posible violación debe analizarse en la sede ordinaria.
· Principio del Interés Superior del Niño: La sentencia lo eleva a una norma de procedimiento. Esto significa que, para tomar una decisión que le afecte, el proceso debe incluir una evaluación de las posibles repercusiones, lo que requiere de una sede judicial con capacidad probatoria. La justicia constitucional, al carecer de ella, puede vulnerar este principio si decide de fondo.
5. Utilidad Conforme a lo Denunciado y Protección de NNyA

· Para lo Denunciado: Esta sentencia es útil para proteger a un progenitor que, basado en sospechas fundadas o denuncias formales de violencia o desprotección, decide restringir el contacto del menor con el otro progenitor. Le proporciona un argumento sólido para resistir una Acción de Libertad, forzando a que el debate se lleve a la sede donde se puede probar la veracidad de las acusaciones (juzgado penal y/o de familia).
· Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA):
· Protección Procesal: Evita que se tomen decisiones apresuradas sobre la vida de un NNyA sin la debida investigación. Garantiza que su situación se defina en un proceso con todas las garantías probatorias y con la intervención de especialistas (psicólogos, trabajadores sociales).
· Prevención de la Instrumentalización: La sentencia advierte explícitamente sobre el riesgo de que los progenitores utilicen procesos judiciales (penales o constitucionales) para mejorar su posición procesal en la disputa por la tenencia, atrapando a los hijos en sus conflictos. El precedente obliga a los jueces a "hacer prevalecer el interés superior del niño... frente al interés de los progenitores".
· Guía para las Autoridades: Orienta a jueces penales y defensores de la niñez a que las medidas de protección (como la separación temporal de un progenitor) son excepcionales y deben ser confirmadas lo antes posible por el juez especializado en familia, evitando que la vía penal se convierta en un sustituto de la jurisdicción civil de la niñez.
En resumen, colega, esta sentencia no resuelve un conflicto de fondo, sino que traza una línea roja procesal. Es un instrumento poderoso para oponerse a la utilización de la Acción de Libertad como un "caballo de batalla" en conflictos de tenencia complejos, defendiendo la primacía del Interés Superior del Niño a través de los procedimientos especializados establecidos por la ley.
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